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Bruselas.— Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo, pasarán hoy revista a la situación económica y debatirán la orientación de su política fiscal en 2023 de cara a elaborar los presupuestos nacionales en un momento de inflación históricamente alta y grandes necesidades de inversión.
La reunión, en la que participará la vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, comenzará con el debate sobre unas perspectivas económicas que han empeorado y apuntan a una ralentización del crecimiento y un aumento de los precios mayor de lo esperado.
En el debate intervendrá el Fondo Monetario Internacional (FMI), que presentará los resultados provisionales de su informe sobre la economía de la eurozona, conocido como Artículo IV, y tiene lugar en vísperas de que la Comisión Europea (CE) actualice el 14 de julio sus proyecciones y después de que el Banco Central 19 Europeo (BCE) haya rebajado su previsión de crecimiento a 2.8% este año y elevase la de inflación a 6.8%.
El repaso a la coyuntura en los 19 países sentará las bases para abordar después la dirección que deberían tomar las políticas presupuestarias de los socios el año próximo, durante el que las reglas de disciplina fiscal seguirán suspendidas como consecuencia de la guerra rusa en Ucrania y los gobiernos tendrán que afrontar las consecuencias del conflicto en el mercado energético.
“La situación económica ha cambiado considerablemente desde el año pasado (...) Con la inflación tan alta como está, la política fiscal debe tenerlo en cuenta para evitar alimentar aún más la dinámica inflacionista”, mencionó un alto funcionario europeo.
En la práctica, para el Eurogrupo esto significa retirar las amplias medidas de apoyo fiscal adoptadas en pandemia para estimular la demanda y centrarse en medidas para “aliviar los cuellos de botella en los suministros”, que impulsan la inflación, y en ayudas para lidiar con las consecuencias sociales de la subida del precio de la energía que sean “temporales y específicas para grupos vulnerables”.
No obstante, los países reconocen que la necesidad de “inversiones sustanciales” en seguridad energética y para sustituir los combustibles fósiles rusos podrían hacer que la política presupuestaria siga siendo de apoyo moderado y no restrictiva, como recomiendan algunos organismos.
“Estas inversiones públicas serían estimulantes, pero dado que reforzarán la capacidad productiva de la economía, no deberían ser un problema para la inflación”, dijo el funcionario.
La base para el debate será precisamente un informe de la Junta Fiscal Europea, órgano asesor de la comisión, que recomienda que los socios tengan una política fiscal “prudente” y que los más endeudados empiecen a hacer ajustes el año próximo, en línea con las directrices publicadas por el Ejecutivo comunitario en mayo.
Desde el ministerio de Economía español consideran que los 19 comparten el diagnóstico de que ante una crisis de “naturaleza distinta” a la pandemia, la política fiscal debe “ajustarse de manera flexible”, con una respuesta enfocada en paliar el impacto en los hogares y empresas más afectados por la subida de la luz, pero aprovechando también los planes de recuperación para invertir en las transiciones verde y digital.
Se trata, explican, de “hacer compatible” la responsabilidad fiscal y la reducción del déficit y la deuda con “una expansión centrada en un gasto de calidad como son las inversiones”.
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