En febrero los aumentos de los salarios contractuales negociados por los sindicatos hilaron seis meses por debajo de la inflación, en perjuicio del poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores, según datos publicados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Un periodo tan largo con resultados generales negativos no se registraba desde 2017: todo ese año el promedio de los incrementos salariales se ubicó por debajo del alza general de precios, que se mantuvo arriba de 6.0% la mayor parte del tiempo.
En esta ocasión, desde septiembre del año pasado la inflación aceleró su marcha, superando las expectativas de la mayoría de los sindicatos al momento de realizar las negociaciones.
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Así, del noveno mes de 2021 a febrero pasado se llevaron a cabo mil 707 revisiones salariales en la jurisdicción federal que involucraron a un millón 226 mil trabajadores. Del total de negociaciones, mil 155 registraron un incremento inferior a la inflación, en perjuicio de un millón 75 mil trabajadores.
“Esto va a agravar la ya de por sí difícil situación que vive el mercado laboral del país en torno a la precarización del salario, pues va a ser más complicado que los ingresos que obtienen por su trabajo sean suficientes para satisfacer sus necesidades básicas”, comentó Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN).
Por ejemplo, las revisiones salariales de jurisdicción federal en febrero pasado lograron un incremento promedio de 6.7%, lo que no alcanzó a cubrir la inflación anual de 7.28%, con lo que los sueldos contractuales tuvieron una caída promedio de 0.5%.
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En las instituciones del sector público se llevaron a cabo 35 revisiones salariales durante los últimos seis meses, las cuales involucraron a 713 mil empleados, mientras que en el sector privado hubo mil 672 negociaciones que tuvieron que ver con 513 mil trabajadores.
En el caso de las instituciones del sector público, el diferencial entre la inflación y el incremento salarial promedio en el periodo de referencia fue de -2.61% en perjuicio de los ingresos laborales, en tanto que en las negociaciones del sector privado la pérdida fue menor, de sólo -0.86%.
Esto se atribuye a que en el sector público normalmente los incrementos que se presentan en los salarios van en torno básicamente a los estimados de inflación de las propias instituciones gubernamentales, explicó Magaña.
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Por su parte, en el sector privado se suelen otorgar otros incentivos, ya sea por la productividad o el desempeño del empleado, además de considerar la inflación, lo que hace más atractivos los incrementos en la parte privada que en la pública, agregó el también profesor e investigador del Tec de Monterrey.
Por actividades, la industria automotriz y de autopartes, así como la metalurgia y siderurgia, lograron negociar en febrero pasado un incremento salarial de 8.2%, tasa superior a la inflación, lo que benefició a casi 40 mil trabajadores en el primer caso y a 4 mil 800 en el segundo.
Por el contrario, actividades como servicios de banca y crédito, producción de alimentos, servicios telefónicos, comercio, textil, fabricación de bebidas, así como servicios educativos y de investigación, no lograron en febrero pasado aumentos salariales mayores al alza general de precios, en perjuicio de casi 61 mil empleados.
Para lo que resta de 2022 los analistas económicos esperan que la inflación tienda a disminuir, pero la guerra en Ucrania ha puesto nueva presión a los precios, por lo que las expectativas de cierre se han ajustado al alza, a cerca de 5.0%, dependiendo de la evolución de la invasión rusa y su impacto en los precios de materias primas como el petróleo.
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En ese contexto, todavía se observarán niveles de inflación bastante elevados que afectarán de manera importante a las negociaciones salariales, ya que va a ser complicado que tanto pequeñas como medianas empresas puedan ofrecer a sus trabajadores incrementos más allá del alza general de precios, destacó Héctor Magaña.