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La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señaló las desventajas que tiene la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a los efectos negativos que puede traer para la planta productiva de autos, así como a los compromisos internacionales suscritos por México en acuerdos como el Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC) y el Acuerdo de París.
Respecto al esquema de generación de electricidad propuesto, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará por los menos un 54% de la energía eléctrica y las empresas privadas el porcentaje restante, AMIA ve con preocupación que pudiera no haber financiamiento disponible, ni infraestructura y generación de energía eléctrica limpia que permitan atender el incremento en la demanda en el futuro.
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De enero a septiembre de 2021 se produjeron 244.8 Tera Watts hora, de los cuales la CFE generó 98.6 Tera Watts hora (40%) y los privados 146 Tera Watts hora (60%)
Por lo tanto, la industria automotriz pregunta: ¿Cómo desarrollará la CFE la capacidad adicional equivalente al 14% para alcanzar el 54% del total que establece esta reforma?
Asimismo, considerando la capacidad limitada de fuentes renovables con la que cuenta la CFE, se estima que, para alcanzar la proporción en la generación de electricidad, tendría que usar combustibles fósiles.
“Lo cual podría incrementar el costo de la electricidad hasta en un 31%”, aseguró la AMIA, en un comunicado.
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Además, esto podría tener un impacto negativo en la promoción de fuentes de generación de energías renovables y un incremento estimado en las emisiones de bióxido de carbono de 32%.
En 2021, el precio promedio de la electricidad que vendía la CFE en Media Tensión estuvo en 1.22 pesos por kilowatt hora y los privados ofrecieron un precio promedio de 0.42 pesos por kilowatt hora, expuso AMIA.
Además, eliminar los Certificados de Energías Limpias impediría a las automotrices acreditar el uso de energías renovables, lo cual, a su vez, repercutiría en el cumplimiento de las obligaciones país de los corporativos y las contribuciones país en torno a los compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la COP 26.
“La apuesta por energías menos limpias y más caras impactaría negativamente en la competitividad de México, lo cual podría desincentivar inversiones futuras y redirigirlas a otros países”, indicó José Zozaya, presidente de la AMIA.
Al no promover energías renovables, las exportaciones de vehículos podrían estar sujetas a represalias comerciales, como impuestos al carbono a manufacturas, haciendo menos atractivo a México como destino de inversiones y afectando la generación de empleos.
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Por lo tanto, aseveró, la reforma eléctrica presenta un riesgo para las automotrices asociadas a la AMIA en el cumplimiento de sus visiones y compromisos de descarbonización y sustentabilidad.
“Celebramos el compromiso del Estado en mejorar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, rechazamos por las razones antes expuestas la iniciativa de reforma constitucional en cuestión y solicitamos a las autoridades considerar los efectos negativos que ésta traería al medio ambiente, la inversión y por ende, a México”, destacó Zozaya.
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