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El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) contenido en el Paquete Económico 2026 es el tema que más polémica genera, y de acuerdo con abogados, hay poco margen para quienes se inconformen con la medida.
Desde que la propuesta se presentó el 8 de septiembre, despertó diferentes opiniones a favor y en contra, así como un cabildeo silencioso. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) se opone al aumento, pero diversas organizaciones de la sociedad civil respaldaron los impuestos “saludables”.
Ante ello, hay empresas que están evaluando iniciar una defensa legal una vez que se apruebe la reforma en el Congreso de la Unión, impulsada por la mayoría de Morena y aliados, mientras la oposición ya adelantó que votará en contra.
Pese a que hay vías legales para considerar inconstitucional el cambio a la Ley del IEPS, litigantes anticipan que será infructuoso interponer un amparo.
No se podrá ganar en tribunales y mucho menos ante la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por los recientes cambios a la Ley de Amparo y a causa del alto nivel de éxito de la autoridad en juicios fiscales.
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) tiene 250 abogados fiscalistas litigando 36 mil 867 casos en los que el fisco federal pretende lograr una tasa de resolución a favor de más de 90%.
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“Sí se pueden interponer amparos, pero difícilmente procederían, sobre todo por los tiempos políticos que estamos viendo”, consideró el director del despacho Díaz Abogados, José Díaz.
Hay formas para defenderse y argumentar que es inconstitucional por el grado de aumento al IEPS, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL. Sin embargo, “lamentablemente, pasarán”, afirmó sobre los incrementos propuestos para esos gravámenes.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) subir de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro el IEPS a refrescos dejará ingresos por 75 mil 290 millones de pesos.
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En tanto, la tasa se elevaría de 160% a 200%, con una cuota específica de 0.8516 pesos por cigarro, lo que generará una recaudación de 62 mil 79 millones de pesos.
El CIEP estima que aumentar el gravamen de 30% a 50% para los juegos y apuestas se traduciría en recursos por 5 mil 24 millones de pesos.
“Ese impuesto va directamente a los usuarios, pero afectará a las empresas”, ponderó Díaz.
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Las casas de apuestas subirán la comisión que cobran, previó, y difícilmente un amparo resolverá la situación de fondo.
Recordó que desde 2018 se han aprobado diversas reformas constitucionales para modificar cuestiones fiscales relacionadas con ese recurso legal.
Anteriormente se dieron muchos casos de tramitación de amparos en contra de ese tipo de incremento de impuestos, mencionó, pero la SCJN ha determinado que cada estado y la Federación pueden regularlos.
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Lo anterior, debido a que el interés general está por encima del interés particular, explicó.
Ganando, como siempre
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite diversos actos de molestia dirigidos a particulares, los cuales pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación.
Información de Hacienda arroja que, de enero a junio de 2025, estaban registrados mil 184 juicios de amparo contra esos actos; el SAT ganó mil 76, es decir, 91%.
Además, de 8 mil 167 resoluciones definitivas por 131 mil 622 millones de pesos, la autoridad fiscal salió vencedora en 4 mil 566 casos; es decir, 78% del total, lo que le permitió recuperar 102 mil 195 millones de pesos.
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“Tenemos un grado de litigiosidad muy importante; se maneja una tasa de alrededor de 80% de efectividad ante tribunales aun con sus criterios específicos y altos grados de litigiosidad de los grandes grupos corporativos”, destacó hace una semana la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Grisel Galeano García, en reunión con diputados integrantes de la Comisión de Hacienda.
La funcionaria, que acudió a San Lázaro en calidad de abogada de la Secretaría de Hacienda, estuvo ahí para convencer a legisladores sobre la importancia de aprobar las modificaciones que se plantearon en el Paquete Económico 2026 para el Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de combatir a factureros y al contrabando de combustible.
Galeano García resaltó que de 2023 a 2024 había 5 mil 23 sentencias con 84.2% a favor, es decir, que se rebasó en 5.25% la meta de mejora de efectividad litigiosa.
Mientras que de 2024 a 2025 ganaron 3 mil 914 sentencias, 90% de los asuntos a favor de la PFF, superando el objetivo en 7%.
Con ello, actualmente hay 37 mil litigios vigentes, dato adicional a los juicios de nulidad y recursos de revocación que tiene a su cargo la Unidad Contenciosa y de Litigio del SAT, comentó.
