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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer que la aprobación de la reforma judicial que busca eliminar siete órganos autónomos, necesita una nueva estructura administrativa que garantice la autonomía de las decisiones que deben ser técnicas e independientes de la agenda del Poder Ejecutivo.
Atraer y retener talento e inversión no será posible sin un sistema institucional que tenga como prioridad la certeza jurídica y garantice la imparcialidad de las decisiones del gobierno.
En el marco de la aprobación de la reforma, el IMCO analizó los riesgos que conlleva la desaparición de los órganos autónomos a través de las cuatro funciones que se trasladarán y cuáles son sus implicaciones para la competitividad.
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Así afectaría en competencia económica
En este rubro se encuentra el combate a los monopolios y la garantía de la competencia en beneficio de todos los consumidores, por lo cual se requiere una institución que tenga capacidades sólidas de investigación.
Los órganos autónomos que se pretenden eliminar son: Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (FIT).
Los riesgos que tiene la desaparición de ambas instituciones para la competitividad son las carencias en la imparcialidad que se exigen. Esto podría traer un clima de inversión poco certero para las empresas, ya que los fallos podrían emitirse basados en intereses particulares y no en técnicas.
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Por otro lado, la eliminación de estos órganos puede resultar una incumplimiento en las relaciones comerciales del país en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Es preciso que se consolide una institución independiente y autónoma, encargada de la investigación y sanción de prácticas que afecten la competencia en los mercados.
También deberá incorporar la experiencia de 32 años de la Cofece, asegurando los protocolos vigentes para el análisis de los mercados y los procedimientos en forma de juicio, adaptando estos lineamientos al sector de las telecomunicaciones.
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Regulación de los mercados de energía e hidrocarburos
Los mercados de energía e hidrocarburos necesita una regulación estrictamente técnica enfocada en la competencia y la inversión.
Los órganos que la reforma eliminaría son: Comisión Reguladora de Energía (CRE), funciones que se trasladarían a la CFE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), funciones trasladas a la Secretaría de Energía.
El riesgo de la eliminación de ambos órganos es que el poder Ejecutivo podría fungir como “juez y parte” en las decisiones sobre permisos y tarifas en los mercados de energía para beneficiar a los actores del Estados. A pesar de que el T-MEC marca en el capitulo 22 una disposición sobre la necesidad de garantizar que los organismos reguladores de empresas que existen en el Estado ejerzan de manera imparcial.
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Para este rubro es pertinente se traslade a la Secretaría de Energía la experiencia técnica de la CRE y la CNH, con el objetivo de consolidar una estructura de toma de decisiones con una perspectiva que asegure la neutralidad de las decisiones y la imparcialidad ante los intereses de las empresas públicas en México.
Transparencia y protección de datos personales
En México uno de los compromisos con el Estado mexicano es el derecho a la transparencia, a través de la existencia de mecanismos sólidos que puedan garantizarlo.
Los órganos que se tienen previstos para su eliminación son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), trasladando sus derechos a la protección de datos personales a la Secretaría de la Función Pública (ahora de Buen Gobierno y Anticorrupción), Órgano de disciplina del Poder Judicial, los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos, las Contralorías del Congreso de la Unión y el Instituto Nacional Electoral en lo que compete a partidos políticos.
La desaparición del INAI afectaría directamente la capacidad de rendición de cuentas del gobierno y sus funcionarios, limitando el acceso a la información, así como el incumplimiento de la materia anticorrupción en el T-MEC.
Se deben garantizar instancias encargadas que cuenten con facultades de sancionar la falta de transparencia de los sujetos obligados, así como que establezcan estrategias para mantener una lógica de coordinación del Sistema Nacional de Transparencia.
Evaluación de la política social y educativa
En el año 2022, 50.4 millones de mexicanos no contaron con acceso a los servicios de salud, de acuerdo con datos del Coneval. Actualmente, el sector educativo esta por debajo que el ciclo escolar 2005-2006. Por lo cual, la pobreza y una mejora en la calidad educativa son dos problemas a los que se enfrenta México.
Los órganos que proponen eliminar con la reforma son el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) trasladando sus funciones al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), que será remplazada por Secretaría de Educación Pública (SEP).
Con la eliminación de Coneval se perdería la capacidad de evaluación y análisis en la política social y educativa del país. Por lo cual, es necesario garantizar las decisiones metodológicas de evaluación y mediación sean independientes.
Propuestas del IMCO ante la desaparición de los órganos autónomos
- Garantizar la autonomía de los órganos desconcentrados, descentralizados, estableciendo el tipo de autonomía de cada una en la modificación posterior a la aprobación de las leyes que correspondan.
- Mantener la perspectiva de toma de decisiones, que hoy se tiene a través de órganos de gobierno, a fin de evitar la concentración de intereses.
- Implementar manuales específicos para la gestión de los registros y sistemas electrónicos que pasarán a formar parte del Ejecutivo Federal y el INEGI, con el objetivo de mantener los datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, que concentra miles de obligaciones.
- Incluir un equipo dentro de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado, encargado de monitorear los incumplimientos al Tratado derivados de esta reforma.
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