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Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que delitos contra sus instalaciones como el huachicoleo “pueden volver a aumentar con la violencia asociada a ellos y, en un caso extremo, tener un impacto negativo en la situación financiera y los resultados de operación de la empresa”.
Luego de señalar que a pesar de los esfuerzos que el gobierno federal ha implementado al reforzar las fuerzas militares y policiacas, que de manera conjunta con las medidas estratégicas establecidas por la petrolera han logrado reducir el robo y otras actividades delictivas contra las instalaciones y productos, “este tipo de actividades delictivas pueden volver a aumentar”.
Pemex añade: “Cuenta con sistemas para identificar, monitorear y mitigar estos riesgos, pero sus sistemas pudieran no ser efectivos”.
Reconoce que, si bien ha estado combatiendo la corrupción interna, “no puede asegurar o prevenir actos intencionales, imprudentes o negligentes que cometan sus funcionarios o empleados”.
Subraya que cualquier incumplimiento —real o percibido— por parte de los funcionarios o empleados para cumplir las políticas anticorrupción “puede dañar la reputación de la entidad, limitar su capacidad para obtener financiamiento y tener un efecto material adverso en el negocio, situación financiera y resultados de operaciones”.
En los últimos años, sostiene la petrolera, México ha experimentado un incremento en las actividades delictivas y estos hechos pueden afectar las operaciones de la empresa, principalmente por parte de grupos de la delincuencia organizada, incluyendo el narcotráfico.
Tal es el caso del mercado ilícito de combustibles, que dio lugar al aumento en el robo y comercio ilegal de los productos de Pemex.
En los últimos ocho años, los grupos delictivos dedicados al hurto de combustibles a través de tomas clandestinas en la red de ductos por los que la firma transporta petrolíferos intensificaron su presencia, elevando de mil 635 a 14 mil 910 tomas ilegales (dato a 2018).
Para el primer semestre de este año, el número de tomas clandestinas es de 9 mil 11, de acuerdo con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos.
Es decir, entre 2012 y el primer semestre de 2019, el crimen organizado realizó 19.8 tomas clandestinas por día a lo largo de los 17 mil kilómetros de ductos.
Pemex llegó a contabilizar el valor acumulado del robo de combustibles, y tan sólo entre 2014 y 2018 estimó dichas pérdidas en 101 mil 80 millones de pesos.
Estrategia contra ilícito. Con la llegada de la nueva administración, se llevó a cabo una estrategia conjunta entre Pemex y el gobierno federal, lo que permitió reducir 94% el desvío de combustibles al 30 de junio de este año, en comparación con lo registrado en 2018.
Apenas el pasado 2 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó durante la conferencia matutina la reducción de 94% del huachicoleo.
Expuso que anteriormente se robaban 800 pipas diarias, a la fecha son 40 o menos.
La reducción en la frecuencia de este delito supuso también que los índices de violencia asociados se habrían reducido.
EL UNIVERSAL publicó el pasado 2 de mayo que el robo de combustibles en ductos de la empresa petrolera a través de las tomas clandestinas “se están ejecutando cada vez con mayor lujo de violencia contra los trabajadores de Pemex dedicados a vigilar los ductos y a cerrar las perforaciones ilegales”.
El problema, de acuerdo con información de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, ha llegado a tal magnitud que entre 2017 y 2018 (en los dos últimos años de la pasada administración), entre 14 y 17 de cada 100 trabajadores dedicados a vigilar los ductos fueron agredidos por los huachicoleros.
El número de trabajadores petroleros agredidos físicamente por el crimen organizado y los huachicoleros aumentó de cuatro, en 2013, a 162 en 2018.
Un año antes, en 2017, 207 empleados —la cifra más alta de esos cinco años— que realizaron trabajos de vigilancia y cierre de ductos dañados por las tomas clandestinas resultaron agredidos, aunque la empresa se reservó el tipo y gravedad de las lesiones.
Pemex hizo saber a los inversionistas y analistas del sector petrolero que existe el riesgo de delitos como el huachicoleo vuelva a tener bajo su yugo a la petrolera.
