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El uso de testigos protegidos y de infiltrados para señalar a presuntos factureros y acusarlos de delincuencia organizada para encarcelarlos sin ser juzgados es una perversidad del Estado, dice la especialista de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), Verónica Román.
Esa iniciativa revela que el Estado dará palos de ciego, advirtió la experta.
“Es una perversidad porque vamos a tener testigos simulados y testigos infiltrados que provoquen hechos delictuosos y además muchas ventas de cabezas que van a rodar”, consideró.
Se están moviendo hacia un derecho penal simbólico, que utiliza un discurso amenazante, pero no tiene definidos los rumbos y “da palos como una piñata: a lo que se mueva le pego, si es o no ilícito, que me lo pruebe”, acusó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la subcoordinadora de la Comisión de Derecho Penal de la BMA, analizó la iniciativa de reforma a diversas leyes y al Código Fiscal de la Federación que buscan endurecer el delito de defraudación a través de comprobantes que se usan para amparar operaciones inexistentes.
¿Quiénes son? Sobre quiénes pueden ser los infiltrados, dijo que cualquiera entrenado bajo esa técnica de investigación, porque hay un protocolo que consiste en avisar a la Fiscalía que se va a meter a grupos para una indagación.
Los infiltrados actuarán bajo una dirección sobre dónde y bajo qué conducta tienen que investigar y harán reportes, explicó.
La labor del infiltrado es necesario para vigilar el momento en que se concretice la conducta, añadió.
Por ejemplo, en el caso de los factureros, será para señalar a quién y en qué momento se hará la venta al infiltrado del comprobante o factura; para lo cual hay una coordinación de esfuerzos.
Cuestionó que si la autoridad usará a infiltrados en una empresa facturera, significa que ya las tiene identificadas; entonces ¿por qué no procede a cerrar ese negocio para evitar que siga defraudando?
Respecto a la discusión sobre el tratamiento jurídico de delincuencia organizada para factureros, coincidió con otros especialistas y legisladores de oposición en que no representa una amenaza a la seguridad nacional.
La prisión. Al referirse al castigo que se pretende introducir, señaló como gravosa la prisión preventiva, consecuencia que calificó de “asqueroso y ruin”, porque acabarán con la estabilidad económica.
Significa que el presunto facturero irá a la cárcel sin ser juzgado y sin posibilidad de defensa ni de presentar algo que pueda generar en el criterio del juzgador, que es el que impone las medidas cautelares, la comprobación de un riesgo.
“Eso es la prisión preventiva oficiosa”, precisó.
Estableció que si el legislador selecciona que esta conducta amerita una prisión preventiva, el juez no podrá meterse en una discusión con una defensa, ni pedirle al Ministerio Público que demuestre un riesgo.
“Si la defraudación fiscal de verdad la pretenden llevar a cabo, van a dejar de operar miles de empresas, porque en tanto lo demuestren, hay suspensión de actividades”, dijo.
Por ejemplo, la prisión preventiva es contra la persona, pero si es contra la persona jurídica implica la suspensión de actividades.
“Con eso se acabaría la actividad económica, porque mientras son peras o manzanas, sí es una actividad delictuosa….”, advirtió.
Por eso, para Verónica Román es una perversidad que detectado quiénes pudieran vender no se frenen.
“Es una perversidad del Estado provocar que alguien que compró o adquirió algún comprobante le señale quién es el que se lo vendió, porque quiere decir que en realidad el Estado no tiene detectadas a todas las que pudieran estar haciendo esa conducta delictiva”, apuntó.
