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Sin que se le vaya a mover una coma a la nueva ley contra las factureras, autoridades hacendarias y el sector privado llegaron a un consenso sólo para hacer revisiones menores a la miscelánea fiscal que forma parte del Paquete Económico 2020.
En los acuerdos no se contemplan hasta el momento cambios para equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada ni quitaron la prisión preventiva oficiosa, como tampoco utilizar testigos protegidos e infiltrados para dar con las cabezas de los factureros.
Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no pierde la esperanza para que se hagan ajustes para liberar de responsabilidad a los que compraron facturas fantasma y sólo se castigue a los que las emiten con otros fines.
“Un punto en el que no hemos logrado generar consensos es el relativo a la reforma propuesta desde el Senado, para sancionar con prisión preventiva oficiosa y hacer aplicable el régimen de delincuencia organizada (incluyendo extinción de dominio) a la defraudación fiscal y su equiparada”, informó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo detalló que aunque apoya las acciones que permiten al gobierno atacar a grupos delincuenciales que han hecho de la venta de facturas que documentan operaciones simuladas, su modus vivendi, no coinciden que para lograrlo se tenga que hacer aplicable el régimen de excepción a cualquier contribuyente acusado de defraudación fiscal.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, dijo: “No es nada más que se quiera penalizar, sino que un porcentaje muy alto de estas operaciones sí están ligadas al crimen organizado y lavado de dinero”.
En conferencia, el funcionario defendió la nueva ley que fue aprobada en el Senado y le tocará ratificar a la Cámara de Diputados.
Expuso que no se trata de una evasión fiscal tradicional; no son a los que se les olvida pagar 700 pesos de predial, sino que defraudan por más de 800 millones de pesos.
El peligro, añadió, radica en que esos recursos que no pagan al erario van al circuito financiero en forma de blanqueo de activos.
El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aclaró una vez más que los empresarios cumplidos no deben temer.
Sin cafeína. De los mínimos ajustes que se lograron y se espera sean tomados en cuenta por el Congreso de la Unión, dijeron que no significan que se está descafeinando la reforma penal fiscal, pues mantiene los dientes para atacar la evasión.
Es decir, que no significa que disminuirán los 30 mil millones de pesos estimados por la recaudación extra que se prevé lograr en 2020.
Los funcionarios de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación enfatizaron que se tratan de cambios de forma y no de fondo para precisar en la redacción de las iniciativas, aspectos que preocupan a empresarios y fiscalistas.
Negaron que iniciativas, como el esquema reportable propuesto para evitar planeaciones fiscales agresivas, sea la nueva inquisición fiscal como la calificó la Coparmex.
“No afecta el estimado de ingresos; sólo se afinan unos detalles para que no se haga una interpretación inadecuada”, afirmó el responsable de las finanzas públicas del país.
Rechazó que sea una reforma inquisidora, pues está en línea con la tendencia internacional como se aplica en Reino Unido y Canadá, entre otros países que combaten la evasión fiscal de grandes empresas.
Romero Aranda expuso que pese a las revisiones de diversas iniciativas, la reforma tiene todos los dientes necesarios para ir contra quien defraude al país. “No se está descafeinando”, matizó.
Ambos funcionarios señalaron que no están cediendo o doblando las manos ante los empresarios. Se atienden preocupaciones manifestadas, aseguraron.
El presidente del CCE, Carlos Salazar, admitió que no se ha logrado un consenso en relación con la ley para castigar con cárcel a los que vendan y compren facturas para amparar operaciones inexistentes.
“Lo que queremos es que quede bien claro para que no haya duda para nadie, y por eso es el único punto en donde platicando de qué manera se debe aplicar”, manifestó.
