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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó la Línea de Crédito Flexible (LCF) que otorgó a Colombia por un monto de 9 mil 800 millones de dólares que sirve como escudo para enfrentar choques externos.
Lo anterior, a casi un año de que asumió la presidencia el presidente, Gustavo Petro y luego de que una misión del organismo multilateral hiciera la evaluación anual del país.
Según el FMI, Colombia cuenta con fundamentos económicos y marcos de políticas muy sólidos anclados en un régimen de inflación objetivo creíble, un marco de política fiscal de mediano plazo sólido, un tipo de cambio flexible y una eficaz supervisión y regulación del sector financiero.
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Aseguró que las autoridades están firmemente comprometidas a continuar con su historial de aplicación de políticas muy sólidas y mantener estas políticas en el futuro.
De ahí que el Directorio Ejecutivo del Fondo concluyó su revisión para determinar que Colombia reúne los requisitos para el acuerdo en el marco de la LCF, y reafirmó que el país continúa cumpliendo los criterios de acceso a los recursos de esta línea de crédito.
El acuerdo actual tiene una vigencia de dos años a favor de Colombia que según el FMI, dicho apoyo ha contribuido a fortalecer la resiliencia del país frente a choques externos y ha dado señales de la calidad de las políticas macroeconómicas y de sus marcos institucionales, así como confianza en los mercados.
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Enfatizó que Colombia tuvo una vigorosa recuperación posterior a la pandemia y ahora está experimentando una transición necesaria hacia una trayectoria de crecimiento más sostenible.
Reconoció que el endurecimiento de las políticas macroeconómicas es el adecuado, y debe mantenerse hasta reducir de forma duradera la inflación, fortalecer las finanzas públicas y resolver los desequilibrios externos.
En tanto, los objetivos de la agenda de reformas estructurales para mejorar la igualdad, promover la diversificación económica y fortalecer la gobernabilidad son encomiables, consideró el FMI.
Por eso le recomendó como esencial hacer una implementación cuidadosa y prudente para preservar la estabilidad fiscal y financiera y garantizar que los incentivos económicos estén bien alineados.
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