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Adquirir los derechos sobre los terrenos por donde pasarán las nuevas carreteras le va a costar este año a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un total de mil 572 millones de pesos.
De acuerdo con el Programa de Liberalización del Derecho de Vía 2018, este proceso es complejo porque contempla “pagos de avalúos y tabuladores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), pago de notarios e impuestos, bienes distintos a la tierra como construcciones, cosechas, árboles, pozos, cercas, bardas, obras inducidas en las cuales es necesario mover torres de alta tensión de CFE, de tuberías de Pemex, de la CNA y del INAH”.
Asimismo, intervienen diferentes instancias entre las que se encuentra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), proceso que puede llevar alrededor de uno o más años, por lo cual se establecen convenios con ejidatarios mientras se publica el decreto expropiatorio.
Los recursos, agrega la dependencia, serán destinados para los derechos de vía de 233 proyectos carreteros, de los cuales 97 se concentran en Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Hidalgo, Jalisco y Estado de México.
Las autoridades de la SCT consideran que dicho programa va a permitir continuar o iniciar con la construcción o modernización de las obras programadas en el ejercicio 2018; realizar pagos de adeudos de obras terminadas, así como de las obras históricas; llevar a cabo la liberación del derecho de vía de obras a iniciarse a partir del año 2018; y, cubrir los pagos de sentencias, derivadas de juicios en contra de la dependencia.
Calcula que del total de recursos solicitados (mil 572 millones de pesos) casi 37.80 millones se destinarán a servicios bancarios y financieros; otros 25.20 millones a impuestos y derechos; 882 millones a adjudicaciones, expropiaciones e indemnización de inmuebles; y, finalmente 315 millones a servicios de liberalización de derechos de vía, lo cual arroja un total de mil 260 millones de pesos, más 240 millones del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
No obstante, la SCT a través de la Dirección General de Carreteras, reconoce que el principal riesgo es el de la disponibilidad de la totalidad de los recursos oportunamente.
