La infraestructura es uno de los principales determinantes del crecimiento económico y la competitividad de un país. Diversos organismos internacionales estiman que economías emergentes como México deberían invertir entre 4% y 6% del PIB de manera sostenida para cerrar sus brechas de infraestructura y elevar la productividad. Sin embargo, la inversión en infraestructura en México se ubica entre 2.2% y 3.1% del PIB, lo que ha generado rezagos importantes en sectores estratégicos como energía, agua, carreteras, puertos y ferrocarriles.
En este contexto, el Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 contempla una inversión de 5.6 billones de pesos y más de 1,500 proyectos. Con esto en mente, vale la pena hablar de los verdaderos desafíos, ya que, si bien es importante anunciar una cartera de proyectos, lograr que estos cuenten con el planteamiento y estructuración necesario para su exitosa ejecución, así como obtener los recursos para hacerlo son el verdadero reto. Hoy resulta evidente la necesidad de concebir la infraestructura como una política de Estado de largo plazo y de encontrar mecanismos sostenibles para financiarla en un entorno fiscal cada vez más restrictivo.
México está transitando de un modelo en el que la infraestructura se financiaba predominantemente con recursos presupuestarios hacia uno en el que el capital privado e institucional se vuelve indispensable. La magnitud de las necesidades actuales supera la capacidad financiera del sector público y obliga a pensar en nuevos esquemas de movilización de capital de largo plazo.
A nivel subnacional, y en términos generales, las entidades federativas mantienen espacio para incrementar prudentemente su endeudamiento y destinar recursos a inversión productiva. Sin embargo, la siguiente etapa del desarrollo de infraestructura estatal no depende únicamente de cuánto puedan endeudarse los gobiernos locales, sino de los proyectos que planteen y que resulten lo suficientemente atractivos para la inversión privada. La tarea pendiente consiste en transformar la gran cantidad de proyectos públicos que se tienen para desarrollar infraestructura en activos financiables. En este sentido, serán determinantes la capacidad administrativa, las reservas territoriales, la disponibilidad de fuentes de pago y la existencia de estructuras financieras sólidas, particularmente en aquellas entidades con mayor espacio fiscal y una adecuada calidad crediticia.
La necesidad de atraer capital privado e institucional es inevitable. Las Afores administran actualmente más de siete billones de pesos en activos y requieren inversiones de largo plazo, flujos estables y activos reales que permitan diversificar sus portafolios. Por lo que el siguiente paso en la agenda es transformar el ahorro institucional del país en carreteras, energía, agua y logística que impulsen el crecimiento de las próximas décadas. Además, no hay que perder de vista que existe capital extranjero también interesado en la participación de este tipo de inversiones, jugadores como los Organismos multilaterales, fondos de pensiones extranjeros y manejadores de activos que ya han participado en proyectos a nivel nacional a través de diferentes mecanismos.
Por el otro lado, el costo de no invertir es elevado. Implica menor crecimiento económico, menor productividad, pérdida de inversiones, mayores costos logísticos, menores oportunidades de empleo y un deterioro progresivo de la infraestructura existente. En consecuencia, el riesgo de no invertir probablemente sea mayor que el de financiar correctamente la infraestructura que el país necesita.
¿Cuáles son entonces las alternativas reales de financiamiento? Además de la deuda pública tradicional, existen esquemas de participación mixta, emisiones bursátiles, financiamiento estructurado, CKDs y Fibras E, instrumentos que han demostrado capacidad para canalizar el ahorro institucional hacia proyectos productivos.
Desde 2009, aproximadamente una cuarta parte de los CKDs emitidos en México han tenido un mandato total o predominantemente enfocado en energía e infraestructura, movilizando entre 230 y 290 mil millones de pesos. Es importante tener en cuenta que estos instrumentos son fondos catalogados como valores de capital y están basados en gran parte en la experiencia que tiene el administrador en el sector en el que se enfocan, por lo que principalmente se encargan de desarrollo de proyectos que están en fases iniciales, y en los próximos años veremos la maduración y eventual desinversión de muchos de estos vehículos, proceso que podría derivar en nuevas emisiones de Fibras E.
Las Fibras E son instrumentos creados en 2015 como parte de las reformas fiscales y financieras, y permiten monetizar activos maduros, es decir infraestructura que ya existe y genera flujos. Además, las Fibras E tienen la capacidad de apalancarse para seguir movilizando capital, por lo que tienen un efecto multiplicador sobre los activos. A la fecha, se han emitido alrededor de siete vehículos de este tipo que han movilizado más de 120 mil millones de pesos.
Hoy más que nunca, hay que tener presente que, en un país con condiciones fiscales restrictivas, la infraestructura del futuro no se financiará únicamente con presupuesto público, sino con la capacidad de reciclar activos, estructurar proyectos y movilizar el dinero de los inversionistas hacia nuevas opciones productivas. Si quisiéramos ver la fotografía de México en una sola toma, estarían por un lado la necesidad inminente de infraestructura, por otro lado, los inversionistas con el recurso de capital para invertir, y en medio el reto de transformar las necesidades de infraestructura en proyectos capaces de atraer ese capital. Ésa es, quizás, la verdadera tarea pendiente.
Directora general de Desarrollo de Negocios de HR Ratings