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El diseño e implementación de las políticas públicas de inclusión financiera en México han fallado y mantienen importantes rezagos principalmente entre la población de menores recursos, de acuerdo con dos estudios sobre este tema elaborados por Nacional Monte de Piedad y la Fundación de Cajas de Ahorro Alemanas para la Cooperación Internacional.
Los documentos Principales desafíos para profundizar la Política Nacional de Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Educación Financiera en México y Diagnóstico de la eficiencia de los mecanismos de protección a los usuarios de servicios financieros en México, mismos que se presentan este lunes, basaron su metodología en la revisión y comparación de lo realizado en años recientes en el país respecto a las prácticas que han dado resultados en el contexto internacional.
“Hubo muy poca participación de instituciones privadas, academia y sociedad civil, lo cual es una falla en el diseño y pesa en la implementación e impacto de la política pública en materia de inclusión financiera”, explicó Ingrid Doering, directora adjunta del proyecto México en la Fundación de Cajas de Ahorro Alemanas.
La evaluación de las políticas de inclusión financiera concluye que no se establecieron metas concretas a corto, mediano y largo plazos, y es imposible dar seguimiento a los avances en la materia.
La especialista resaltó que otras de las fallas fue la disminución de presupuestos para la implementación de las estrategias de inclusión financiera en México.
“Los indicadores de inclusión financiera sí se incrementaron, pero por la inercia que tenían antes de la implementación de la política y estrategia. No se ve ningún punto de inflexión, por lo que se puede concluir que no fueron eficientes para un incremento de la inclusión financiera”, aseguró Doering.
En opinión de Marisol Fernández, directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad, existe un importante punto de mejora en el diseño de las políticas para conocer los avances en lo más profundo de la población que se mantiene rezagada en servicios financieros.
“Que haya desagregación para conocer cuál es la situación y la realidad de la población más vulnerable en el país”, explicó.
Los documentos muestran que ante la elevada regulación que enfrentan las instituciones financieras, se complican los servicios que brindan a la población, principalmente en zonas de bajos recursos, con lo que se vuelve engorroso presentar una queja o comprender los beneficios que tienen al contratar servicios financieros.
Ambas instituciones coincidieron en que los resultados de los estudios buscan colaborar con el diseño de mejores políticas de inclusión financiera en México y llegar directamente a la población que por años se ha mantenido alejada de infraestructura y servicios.
