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Para que tenga un impacto real la Estrategia Nacional contra la Extorsión que presentó el gobierno federal es necesario que se realicen reformas legales como la expedición de una ley general contra este ilícito, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Si bien consideró que las acciones que anunció el gobierno serán un paso importante para atacar ese grave problema ”es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias”.
Añadió que esperan que en los primeros ocho estados donde se aplicará la estrategia se conviertan en el punto de partida para una cobertura nacional.
“Es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias. Esperamos que los primeros ocho estados donde se aplicará esta estrategia sean el punto de partida para una cobertura nacional”, expresó.
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Datos oficiales procesados por el organismo empresarial, señalan que cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, lo que ha generado pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 20242.
“En nuestra Comisión Nacional de Seguridad y Justicia hemos impulsado, desde hace años, propuestas para enfrentar este delito, y recientemente, a través de #DataCOPARMEX, confirmamos que el 12.8% de nuestros socios ha sido víctima de extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5%). Este fenómeno impacta la toma de decisiones empresariales: 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para crecer”, señaló en un comunicado.
Indicó que es indispensable que los protocolos nacionales de atención a víctimas estén adaptados a las realidades regionales. Un solo modelo no basta para una nación tan diversa. En entidades donde la extorsión telefónica predomina, se deben establecer procedimientos ágiles de denuncia, asesoría y protección.
Asimismo, dijo que se requiere adaptar a las realidades regionales los protocolos nacionales de atención a víctimas, por ejemplo, “en entidades donde la extorsión telefónica predomina, se deben establecer procedimientos ágiles de denuncia, asesoría y protección. En zonas rurales o regiones con prácticas como el “cobro de piso”, deben intervenir directamente las fuerzas de seguridad para proteger a las comunidades y brindar acompañamiento institucional sostenido”.
Dijo que para que sean viables las Unidades Antiextorsión locales deben contar con personal capacitado, leyes aplicables y capacidad de respuesta inmediata.
Asimismo consideró “urgente actuar con firmeza frente a las llamadas de extorsión que se realizan desde centros penitenciarios”.
Expuso que las micro, pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la extorsión al tener menos recursos para protegerse, lo que requiere “atención rápida, asesoría legal y programas de prevención, para que puedan seguir creciendo sin miedo”.
La Coparmex dijo que la estrategia debe considerar una reconstrucción del tejido social, la educación en valores y legalidad que son los cimientos para que las nuevas generaciones rechacen la violencia, porque la extorsión no debe normalizarse.
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mgm
