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José Woldenberg, profesor de la UNAM:
Se trata de una fórmula alegal, diseñada a voluntad de los convocantes, sin garantías de equidad, integridad y transparencia.
José Antonio Crespo, profesor del CIDE:
No se ve que la consulta cumpla con los requisitos esenciales que en toda democracia se exigen para los ejercicios de participación directa con valor vinculante.
José Luis Luege, presidente de Ciudad Posible:
El dilema no es Texcoco o Santa Lucía, es que si se decide continuar con el proyecto en Texcoco ¿cómo se resolverán los gravísimos problemas ecológicos y de riesgo de inundación?
Ricardo Raphael, investigador:
Porque no hay garantías de certeza e imparcialidad, acudir a la consulta parece una trampa, sobre todo para quienes pensamos que Texcoco es mejor opción que Santa Lucía.
Jorge Buendía, director de la encuestadora Buendía&Laredo:
Las consultas debieran ser el vehículo ideal para elegir con base en razones y no pasiones. La consulta del aeropuerto tiene un enorme déficit de información.
Alejandro Hope, analista:
Lo del aeropuerto es simulación, pero vengan las consultas, muchas sobre muchos temas. Bien organizadas, equitativas y sujetas a la ley.
Francisco Martín Moreno, escritor:
Es paradójico que un proyecto que habrá de significar inmensos beneficios sea cuestionado con pretextos inconfesables.
Enrique Berruga, internacionalista:
Sería más valioso que se revisaran a fondo los contratos y costos de construcción, la calidad y procedencia de los materiales utilizados.
Luis de la Calle, consultor:
Ésta es una delegación decisoria inapropiada e injusta para con el votante, al querer trasladarle el costo político de un incumplimiento del Estado.
Mario Maldonado, analista:
El daño reputacional de cancelar el proyecto presionaría las calificaciones crediticias del país y, consecuentemente, aumentaría la prima de riesgo que paga el gobierno
