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Dar una prórroga para que los trabajadores puedan tramitar su constancia fiscal, sería insuficiente para atender a millones de asalariados que tendrán que actualizar su domicilio con código postal, advirtió la académica de la Universidad Panamericana (UP), Virginia Ríos.
Por esa razón, lo mejor sería quitar esa obligación que nada aporta, o bien, acotarla sólo a los asalariados que presentan declaración anual de impuestos, propuso la catedrática especialista en temas fiscales.
“Deberían de cancelar ese requisito o sólo pedirlo para trabajadores con ingresos arriba de 400 mil pesos anuales”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
La académica hizo ver que la gran mayoría de los empleados no tiene su constancia de situación fiscal o constancia de RFC actualizada.
“No se gana nada con eso, tanto el patrón como el trabajador pierden dinero, tiempo y esfuerzo”, opinó.
Desde su punto de vista, las empresas que apoyan a trabajadores para sacar dicha constancia en la aplicación SAT ID, son los que tienen cierto nivel porque la mayoría son eventuales.
Una vez que la obtengan, tendrán que hacer el cambio de domicilio en línea si es que la dirección es la misma que tiene la empresa, para lo cual se requiere contar con la firma electrónica y si no cuentan con ella, necesitarán una cita para hacer el trámite presencial, ponderó.
Virginia Ríos puntualizó que en el propio Código Fiscal de la Federación (CFF) señala en el artículo décimo, lo que se considera como domicilio fiscal, y para el caso de los trabajadores no establece cuál es.
Sólo se menciona que cuando se trata de personas físicas con actividades empresariales, será el local donde lleven a cabo sus actividades, y por eso la mayoría tiene dirección de la empresa.
“Deben reformar el CFF, porque ahí no dice que el domicilio sea la casa habitación; como subordinados el lugar es donde está el patrón”, señaló.
Los trabajadores, de la construcción, obreros o de intendencia por más que se quiera que fuera otra situación, difícilmente van a tener un comprobante con un domicilio a su nombre, aunque el SAT diga que puede ser también de un tercero.
Advirtió que la autoridad fiscal no se va a dar abasto para atender a millones que vayan por su constancia.
Negó que el incumplir con la constancia sea causal de despido, enfatizó.
Representará un gasto para el patrón porque los que tienen pocos trabajadores, pueden bajar la nueva versión gratuita de la factura electrónica en el portal del SAT; sino tienen que comprar un paquete de nóminas con el nuevo software.
“El temor es la no deducibilidad de la nómina, porque la amenaza del SAT es sino pones el código postal del trabajador, no podrás sellar o timbrar la nómina”, estableció.
Contadores insisten
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP) insistió en que se debería dar una prórroga de seis meses, es decir que esta obligación que forma parte de la nueva versión 4.0 de la factura electrónica, se recorra a enero de 2023.
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