La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobada en la Cámara de Senadores el pasado 12 de diciembre le da más poder de decisión y operación al gobierno federal, a través del director general del instituto, y disminuye los contrapesos del sector empresarial y de los trabajadores en el Consejo de Administración.
De acuerdo con expresidentes de organismos del sector privado y directivos empresariales, no es correcto que el gobierno quiera tomar mayoría y disminuir la participación de las otras dos partes en la asamblea, consejo de administración y comisiones.
El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que “es nocivo lo que se quiere hacer, eliminando el gobierno tripartito del Infonavit, dejarlo decorativamente para que el gobierno federal decida qué se hace, qué no y cómo se invierte el recurso”.
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“El gobierno es el único que no pone ni un peso, y ahora es el que va a decidir cómo se va a manejar todo. Es absurdo”, agregó quien fuera integrante del Consejo de Administración del Infonavit de 2016 a 2019, así como de varios comités institucionales que supervisan y auditan las finanzas del instituto.
Señaló que apoyar a los trabajadores que rentan es una buena idea. “Lo que está muy mal es que con el dinero de los trabajadores y patrones se financie un programa que, por sí mismo va a generar pérdidas. Deberían usarse subsidios y no el fondo de vivienda”, dijo De Hoyos Walther.
Además, alertó que crear una filial constructora significaría dar recursos a una empresa semiprivada que no tendría controles.
En un comunicado, la Coparmex expresó que las reformas a la Ley del Infonavit deben aprobarse por consenso de los trabajadores, empleadores y gobierno para garantizar los derechos laborales. Además, destacó que los recursos administrados por el instituto son propiedad exclusiva de los trabajadores.
Tras solicitarlos, EL UNIVERSAL no recibió posicionamientos sobre la reforma por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
Intenciones poco claras
Para el expresidente del CCE y de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, “esto huele a algo que tiene otra intención” al utilizar los recursos.
“Al tener 60% el gobierno, cualquier otra observación de otras partes no podrá ser tomada en cuenta; es algo que no huele bien y no está bien”, mencionó.
Lo que se quiere hacer con el Infonavit, agregó, “ya lo vivimos en el pasado (…) cuando el instituto construía casas y tuvimos problemas de corrupción y opacidad”.
Jorge Paredes, presidente de Realty World México, empresa del sector inmobiliario, dijo que la reforma sigue la tendencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reducir personal en las secretarías, eliminar organismos que hacían tareas específicas y eliminar fideicomisos.
“Esto causa temores y miedos de que se vuelva una especie de autarquía [una política económica que busca autoabastecerse con sus propios recursos]”, indicó.
En el caso de la desaparición de las direcciones sectoriales de empresarios y trabajadores, Paredes consideró que se requiere la presencia de los dos sectores para que el gobierno tenga que consensuar con el sector obrero y patronal.
“Esperemos que las inquietudes y las críticas a esta reforma hagan eco para que, donde haya duda y temores, se aclare y se afine lo que se tenga que afinar”, indicó Paredes.
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Lo que está en juego
Uno de los cambios más relevantes que incluye la reforma a la Ley del Infonavit es que el ahorro en la Subcuenta de Vivienda sigue siendo patrimonio de los trabajadores, pero pasará al Fondo Nacional de la Vivienda, y son recursos con los que se pretende construir 500 mil viviendas en el sexenio.
La nueva ley reformula la integración tripartita de la Asamblea General, pasando de 45 miembros a 30; y el Consejo de Administración de 15 a 12 integrantes, aunque prevalece el mismo número de miembros para el gobierno, sector empresarial y trabajadores.
Sin embargo, en la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia hay más miembros del gobierno que del sector empresarial y de los trabajadores. La reforma también desaparece la Dirección Sectorial Empresarial y la Dirección Sectorial de los Trabajadores.
Además, el Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia ya no sesionarán una vez al mes, sino una vez al trimestre.
A su vez, el director general, Octavio Romero Oropeza, tendrá derecho de veto sobre las resoluciones que no sean adoptadas por unanimidad por el Consejo de Administración o por la Comisión de Vigilancia.