Para salir de la crisis económica , en un contexto de , México debe de reforzar la percepción de ser un país “fiable y seguro” para invertir, abastecerse y comerciar, para lo cual necesita crear políticas y un entorno que impulse Conducta Empresarial Responsable, sobre todo en un entorno de informalidad, corrupción, impunidad y su condición de país peligroso para defensores de los derechos humanos, consideró la OCDE .

En el estudio de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable de México dijo que es necesario que el gobierno fomente un entorno propicio para lograr una Conducta Empresarial Responsable (CER).

“México se enfrenta a una serie de obstáculos para alcanzar el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. Debido a su dependencia en el comercio y la inversión, la economía mexicana resultó duramente golpeada por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), que contribuyó a aumentar la pobreza y a exacerbar las desigualdades y vulnerabilidades ya existentes”, dijo el estudio.

En el estudio se expone que las empresas globales dirigen sus inversiones de negocios a países donde sea menor el riesgo de tener impactos negativos y buscan proveedores que cumplan con los estándares ambientales y laborales reconocidos internacionalmente, además de que buscan que los países impulsen políticas de Conducta Empresarial Responsable.

“En vista del impacto que la crisis de la COVID-19 ha tenido sobre la economía mexicana, y de que el crecimiento de ésta depende del comercio y las inversiones, la creación de un entorno propicio para la CER será fundamental para los resultados económicos de México en el período de recuperación.

“Por un lado, puede ayudar a reforzar la percepción del país como un lugar fiable y seguro con el que comerciar o en el que abastecerse o invertir, lo que le puede permitir consolidar sus ventajas comparativas”, dijo.

Sobre todo porque en México hay problemas de informalidad que significan trabajo precario para los mexicanos, altos niveles de corrupción e impunidad en la aplicación de la ley que afectan la predictibilidad del ambiente de negocios, además de ser el tercer país de América Latina más peligrosos para los defensores de los derechos humanos y ambientales, dijo el jefe del Centro para la conducta social responsable de la OCDE, Allan Jorgensen.

El gobierno mexicano debe de fomentar políticas públicas y un marco legal que promueva que las empresas grandes, medianas y pequeñas tengan un entorno que les facilite el cumplimiento de la Conducta Empresarial Responsable, porque solamente impulsando el cumplimiento los trabajadores tendrán mejores condiciones de contratación, dijo el analista económico, especialista en empresas de la OCDE, Jorge Galvez.

Para ello es fundamental hacer frente a estas diversas cuestiones para construir un entorno de políticas públicas y regulaciones que sea propicio para impulsar, respaldar y promover las prácticas empresariales responsables en México.

La analista de políticas, conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe de la OCDE, Marie Bouchard, dijo que si bien hay avances “no parece responder a una estrategia de gobierno”.

Por ello, recomiendan al gobierno mexicano es reforzar el marco jurídico y regulatorio en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, anticorrupción e integridad.

Además de impulsar e incentivar la Conducta Responsable Empresarial mediante políticas públicas de contratación pública, empresas estatales y comercio e inversión. Así como reforzar el papel del Punto Nacional de Contacto y volverlo actor clave para la implementación de las recomendaciones del estudio.

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