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A fines de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con gasolineros para que la gasolina regular o Magna se vendiera en menos de 24 pesos por litro.
El precio promedio nacional del litro de esta gasolina, la más consumida en el país, fue de 23.72 pesos en abril y lleva tres meses seguidos a la baja. Sin embargo, las estaciones de servicio localizadas en Quintana Roo, Baja California Sur, Oaxaca, Nayarit y Zacatecas ofrecen el combustible por arriba de 24 pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Quintana Roo colocó la gasolina regular en 24.57 en abril y fue el precio más caro en el país, aunque bajó un peso desde febrero. En segundo lugar se encuentra Baja California Sur, donde se vendió en 24.29 y también se abarató un peso.
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En tercer sitio aparece Oaxaca, al ofrecer el litro en 24.06, un peso menos que en febrero.
En el otro extremo, con la gasolina regular más asequible, aparece Tamaulipas, donde el precio promedio fue de 21.83 pesos en abril.
En marzo, la analista de Banamex, Arely Medina, opinó que no fue buena idea fijar un tope en 24 pesos, ya que las gasolinas y el diesel son bienes cuya determinación de precios no responde sólo a criterios de mercado, pues tienen que ver las cotizaciones de referencia en pesos, ajuste por calidad, costos adicionales, margen e impuestos.
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El precio de referencia toma en cuenta las cotizaciones internacionales y el tipo de cambio; el ajuste por calidad considera el tratamiento que se le da al combustible para adecuarlo a ciertas condiciones físicas; los costos adicionales contemplan aquellos de logística como almacenamiento y transporte; el margen refiere al valor estimado de los costos de operación y ganancia de las estaciones de servicio; y los impuestos con lo correspondiente a cuotas de IEPS e IVA.
Asumiendo un caso de un bien cuyo precio se rige por un mercado competitivo, cuando el gobierno impone un precio máximo, por debajo del de equilibrio, se generan ineficiencias: la cantidad demanda sube porque los consumidores querrán comprar más, pero la cantidad ofrecida cae porque los productores tienen menos incentivo para producir o vender, expuso Medina.
“Aunque al fijar un precio máximo se busca beneficiar al consumidor, intervenir en los mecanismos de formación de precios puede derivar en altos costos que terminarán absorbiendo los consumidores”.
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La política de precios máximos podría generar incentivos para que los comercializadores vendan la gasolina premium y el diesel a un precio mayor; adquieran hidrocarburo robado; o entreguen menos producto que el cobrado para mantener los márgenes de ganancia, alertó.
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