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El sector privado exhortó a los diversos partidos políticos representados en el Congreso a llegar a acuerdos para que en un período extraordinario logren extender el plazo para la entrada en vigor de las leyes en materia de outsourcing o subcontratación.
Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), las empresas enfrentan obstáculos para aplicar los cambios, por lo que consideran necesario que al igual que el gobierno, las modificaciones en materia de subcontratación se hagan efectivas hasta el 1 de enero de 2022 y no el 1 de agosto próximo.
El CCE consideró que “esta disposición afecta severamente a un amplio número de empresas que han enfrentado obstáculos en la realización de los trámites de registro que la autoridad requiere. Lo anterior podría poner en riesgo un número importante de empleos”.
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Para la máxima cúpula empresarial es momento de apoyar la propuesta del senador Ricardo Monreal para que los partidos políticos aprueben un periodo extraordinario este viernes, 30 de julio, y así se aplace la entrada en vigor de los cambios legales en materia de outsourcing.
Es de suma “relevancia contar con un mayor tiempo, en los términos de la iniciativa presentada, para asegurar la puesta en práctica exitosa de la reforma”.
Por otra parte, la Coparmex afirmó: “Creemos pertinente señalar la grave situación de indefinición e incertidumbre en que se encuentran hoy tanto las empresas como los colaboradores, tiene su origen en que las autoridades, principalmente el SAT, no escucharon la petición del sector empleador para establecer un mayor plazo con vigencia al 1o de enero de 2022, durante la construcción de la reforma como sí se le concedió al gobierno”.
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El sindicato patronal advirtió que llegar al 1 de agosto en el contexto actual “hará que muchas empresas caigan en la ilegalidad y que millones de colaboradores pierdan sus fuentes de ingresos por falta de voluntad política”.
Ello afectará a 3.1 millones de empleados que aún siguen en la indefinición por la tramitología actual.
Por lo que, “hacemos un llamado a los legisladores de todas las fracciones, a las autoridades vinculadas a la reforma para que atiendan la petición del sector, que consideren la complicada situación que enfrenta nuestro país y alcancen acuerdos” para aplazar la entrada en vigor de los cambios en materia de outsourcing.
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Al respecto, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, explicó: “el avance registrado por las autoridades es significativo: al 25 de julio, 2.3 millones de trabajadores han migrado de una empresa prestadora de servicios de personal a un patrón directo, con incrementos de 12% o más del salario base de cotización, que ha pasado de 472.5 a 529.4 pesos.
“Sin embargo, a la fecha existen aún miles de empresas que, a pesar de su voluntad, por razones técnicas, de información o de capacidad propia o de terceros no han podido cumplir con la totalidad del proceso, habiéndolo ya iniciado”, dijo.
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