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maria.saldana@eluniversal.com.mx
La decisión de las calificadoras de poner en perspectiva negativa la calificación de deuda soberana de México y la de Petróleos Mexicanos (Pemex) es una “alerta crítica”, dijo el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos.
Los anuncios realizados en últimas fechas por estas firmas advierten la importancia de cuidar los sustentos macroeconómicos, la confianza y la viabilidad de los planes, dijo.
Aunque aún no se ha degradado la calificación, sino que es un aviso de que podrían hacerlo en breve, dijo que es momento para reforzar las variables económicas del país.
“Es una alerta crítica para decir hay que cuidar los sustentos de la macroeconomía, la confianza y, sobre todo, hay que darle viabilidad a los planes de Pemex”, explicó.
En conferencia al término de su toma de posesión como presidente de Canacintra, Castellanos dijo que si las calificadoras deciden reducir la calificación a la deuda soberana de México y a la de Pemex “sería una nota muy lamentable para el país, puesto que hace muy poco estábamos considerados como una economía fuerte, con indicadores robustos, y el principal impacto de la baja de calificación es que suben tasas de interés”.
El problema es que si se considera que México o Pemex no es confiable en el pago de sus préstamos, la contratación de deuda se va a encarecer, añadió Castellanos.
Comentó que a pesar de que la confianza del consumidor es alta, la de los inversionistas es baja, y cuando no ven un clima propicio reducen sus proyectos de inversión; eso se refleja en inversiones de la construcción.
Además, la decisión del gobierno de frenar las rondas de licitación del sector energético tanto en materia de hidrocarburos como en la generación de electricidad crea incertidumbre.
Huelgas en maquila. El presidente entrante de Canacintra explicó que sigue la llegada de sindicatos oportunistas y de grupos de personas que bloquean las entradas de maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas.
Esas presiones ya llevaron al cierre de tres empresas y al despido de 2 mil 600 trabajadores, cifra que si se multiplica por cuatro integrantes de una familia, se traduce en alrededor de 10 mil 400 personas sin sustento.
Castellanos comentó que 11 empresas están pensando en cerrar en Matamoros, ante las presiones de grupos ajenos a las plantas que fomentan la inconformidad en los trabajadores para que exijan aumentos de 20% y bonos de 32 mil pesos.
