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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) logró una recaudación fiscal de 662 millones de pesos al cierre de 2019, cuando un año antes las multas ascendieron a 37 millones de pesos.
Este incremento fue producto de la imposición de multas y sanciones a empresas que evadían sus obligaciones fiscales con la institución, afectando así el derecho de sus trabajadores de acceder a un crédito hipotecario y la acumulación de ahorro en su subcuenta de vivienda, dinero que sirve para complementar su pensión al momento del retiro.
Las malas prácticas de los empleadores fueron detectadas luego de la implementación de un grupo de trabajo en 2019 junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
Estas autoridades actualmente preparan la iniciativa para combatir y sancionar con mayor severidad la subcontratación laboral u outsourcing, mismas que ya cuentan con herramientas para detectar las malas prácticas empresariales en materia de contratación.
Sin embargo, se están redoblando esfuerzos para compartir información y frenar los abusos en contra de la clase trabajadora, dijo Carlos Martínez Velázquez, director General del Infonavit.
“Lo que realmente vemos es una necesidad de afinar ciertos mecanismos que ya existen hoy en la ley”, detalló el funcionario.
“Tenemos acciones adicionales que vemos como importantes hacia el futuro.
“En primer lugar, iniciar auditorías a los patrones reales para determinar el congelamiento de sus cuentas y hacer un proceso judicial”, agregó.
El Infonavit es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo; administra más de 62 millones de subcuentas de vivienda equivalentes a 1.13 billones de pesos.
