En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se multiplican los rezagos en diversas áreas ante la próxima auditoría de un organismo internacional, revela una solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el caso de esta terminal, las crecientes necesidades para su mantenimiento se deben a que los recursos captados a través de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) se destinan a pagar los bonos que financiaban la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ubicado en Texcoco, obra cancelada por Andrés Manuel López Obrador como presidente electo luego de ganar los comicios de 2018.
“Con el objetivo de cumplir con la normatividad internacional señalada en el Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México debe certificarse conforme a dicho anexo, para lo cual se requiere, entre otras acciones, la sustitución de los letreros de información obligatoria, ya que los que actualmente se tienen no cumplen con dicha normatividad”, apunta el documento al que accedió EL UNIVERSAL, publicado en diciembre pasado en la plataforma de Programas y Proyectos de Inversión en Cartera de la SHCP.
Lo anterior, agrega, “ocasiona una necesidad de cambio total de letreros, que además se encuentran deteriorados por el tiempo de vida útil”.
La OACI realizará una auditoría a las autoridades de aviación mexicanas, aún más profunda que la llevada a cabo por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y que derivó en que en mayo de 2021 el país perdiera la Categoría 1 de EU, situación que persistió durante más de dos años.
Más pendientes
Esta auditoría se debe llevar a cabo en el primer semestre de 2024, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero los documentos revelan que las necesidades no sólo tienen que ver con letreros.
“Se tiene la necesidad de contar con cinco plantas de emergencia de 600 kilowatts (kW) para cubrir la demanda de respaldo de energía en las subestaciones 1, EC, 8 y 9”, apunta la documentación consultada.
Asimismo, se destaca que el aeropuerto Benito Juárez cuenta con un limitado equipo de medición de resistencia de voltaje en sus aparatos eléctricos, pues parte del equipo con el que se cuenta es obsoleto debido a que ha terminado su vida útil.
De igual manera, se deben sustituir los reguladores de corriente constante, derivado de la vida útil de los mismos, que se encuentran obsoletos y por la modernización de los sistemas de iluminación su capacidad esta sobredimensionada, ya que se cuenta con 95% de sistemas led, detalla.
En la actualidad, el proyecto de inversión no tiene asignados los recursos que requiere para su ejecución, que ascienden a 62.2 millones de pesos.
Sin embargo, forma parte del rubro de Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México, que con recursos de años anteriores y para 2024 cuenta con una bolsa de 889 millones de pesos para trabajos relacionados con la certificación del aeropuerto.
Reputación, en entredicho
Juan Carlos Machorro, especialista en el sector aeronáutico y socio del despacho Santamarina y Steta, explicó que la OACI es el organismo de la ONU que realizará la auditoría que se había postergado “luego de que se degradara a la aviación por 27 meses, lo que no había sucedido nunca, con daños a aerolíneas mexicanas y aeropuertos”.
Ese estatus se recuperó en septiembre pasado, “pero viene esta [auditoría], que no debería tener consecuencias más que en temas reputacionales y de vergüenza internacional.
“Esto es sólo la punta del iceberg, porque con este documento se demuestra que la saturación persiste y hay un deterioro de instalaciones operativas y de las terminales”, alertó Machorro.
“Ya se tenía una solución a largo plazo con el nuevo aeropuerto en Texcoco, pero se canceló por razones que aún generan dudas. Este gobierno, con el AIFA y el AICM operando, va a heredar un problema, más que una solución”, recalcó.
Además, respecto a la militarización del aeropuerto, gestionado ahora por la Secretaría de Marina, Machorro mencionó que es un retroceso en cuanto a eficiencia operativa y a uso de recursos.
Recordó que cuando se abrió el proceso de privatización se exigió que los postores que iban por las terminales aéreas que gestionaba Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) fueran expertos, precisamente para cambiar la cara de esa infraestructura.
“Los [grupos aeroportuarios] privados han demostrado ser más eficientes, con mejor infraestructura y con menor Tarifa de Uso de Aeropuerto”, añadió el experto.
