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El consorcio gasolinero G500 Network aseguró que no ha sido notificado por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de ser objeto de investigación por prácticas anticompetitivas en el mercado de comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel.
En respuesta a los señalamientos del titular de la Autoridad Investigadora de la comisión, Sergio López Rodríguez, en el sentido de que desde la creación del “club de compras” que conformó Grupo 500 o G500 Network, el organismo regulador consideró que esa alianza “debía analizarse como concentración”.
G500 Network surgió de la asociación entre G500, que opera mil 400 estaciones de servicio en el país, y la multinacional suiza Glencore, la cual abrió su primera gasolinera con marca propia en agosto de 2017.
Parte de su plan de negocios es reconvertir las mil 400 gasolineras de G500 a estaciones de servicio con marca propia en 2018, con una inversión de 2 mil millones de pesos.
Con ese número de estaciones, Grupo G500 concentra 12% de las estaciones de servicio que operan en el país, estimadas en 11 mil 850.
El grupo aseguró que conforman “una empresa respetuosa del marco legal y ha cumplido con todos los ordenamientos en materia de competencia económica”.
Sostuvo que en el marco de la Ley Federal de Competencia Económica, fue el primer grupo que hizo una notificación formal de creación de un club de compras de combustibles y otros productos relacionados entre operadores de estaciones de servicio, el cual fue autorizado y comunicado por Cofece el pasado 22 de marzo.
Detalló que desde entonces ha notificado de manera continua al órgano regulador de nuevos socios. Señaló que “no ha sido notificado hasta este momento por parte de la Cofece de ser objeto de una investigación”.
En la documentación que G500 entregó a las autoridades del sector para conformar el club de compras, argumentó que su objetivo fue “reducir costos de las gasolinas, mejorar la proveeduría de insumos, logística, ampliar la oferta de combustibles, lo cual no significa una concentración”.
Sin embargo, Cofece considera que una concentración ilícita puede constituir una conducta anticompetitiva cuando las operaciones aumentan el poder sustancial de uno o varios agentes económicos; desplazar a otros competidores o barreras a la entrada de nuevos jugadores, y facilitar la ejecución de prácticas monopólicas.
Por ello, desde el 6 de septiembre de 2017, la Autoridad Investigadora de la Cofece inició la investigación para encontrar posibles elementos de una presunta concentración. Advirtió que si se llegan a detectar efectos de concentración y su posible impacto anticompetitivos, entonces se procederá con multas de hasta 8% de los ingresos de los agentes económicos e inhabilitaciones de cinco años para los directivos que participaron.
