Duplicar el salario mínimo, como prometió la presidenta Claudia Sheinbaum, amenaza con tronar a la economía nacional si las alzas no van acompañadas de mayor productividad de la mano de obra y las empresas, coincidieron analistas consultados por EL UNIVERSAL.
“El monto no se puede imponer por decreto, ahí sí tronamos a la economía. Sólo se puede hacer con base en la productividad y los acuerdos de mejora en las empresas, en los sectores, en las ramas y diferentes regiones del país. Eso es política laboral, pero la política laboral no son decretos, es concertación y diálogo social”, destacó el presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez-Hermosillo.
Cuando el salario llegue a un nivel mínimo que no sea de pobreza, en adelante su mejora tiene que ver con el aumento de la productividad, sostuvo.
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El salario mínimo de los trabajadores deberá pasar de 249 a 498 pesos diarios para que alcance a cubrir el costo de 2.5 canastas básicas, como prometió la presidenta.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que 2.5 canastas —con artículos y servicios de primera necesidad— tenían un precio de 11 mil 412 pesos mensuales en agosto pasado, cuyo valor subirá a 14 mil 800 pesos en los próximos seis años tomando en cuenta un aumento de 30%, como ocurrió en los tres gobiernos anteriores.
Ante esto, el salario mínimo deberá incrementarse 100% para igualar los 14 mil 800 pesos mensuales que costarían las canastas en septiembre de 2030.
Por lo pronto, la primera Presidenta de México adelantó que el plan es elevar el salario alrededor de 12% en 2025 mediante un “proceso de consenso” con los empresarios. De materializarse, sería el menor incremento desde la gestión de Enrique Peña Nieto.
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La Jefa del Ejecutivo también se comprometió a retomar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, de manera gradual y por consenso de trabajadores y empleadores.
El director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Rodolfo de la Torre, indicó que el anuncio sobre el alza al salario tiene dos aspectos. Uno es positivo y consiste en que dicha percepción alcance para cubrir las necesidades de las personas en pobreza; sin embargo, el negativo es que, “sin mayor productividad, llegar a ese nivel traerá consigo inflación, desempleo e informalidad”.
Costos laborales
Para Beatriz Robles, directora de operaciones de Manpower en México, la reducción de la jornada requiere ser sostenible para los empleadores para permitirles afrontar los costos laborales.
A lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se recuperó el poder adquisitivo del salario mínimo, al aumentar 182% en términos nominales, pero fue insuficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador, por lo que la presidenta Sheinbaum Pardo propuso aplicar más alzas de 2025 a 2030.
Rogelio Gómez-Hermosillo reconoció que el salario mínimo general mantiene un rezago importante para encontrarse por arriba del nivel de sobrevivencia y poder cubrir las necesidades básicas del trabajador y otra persona, es decir, el costo de al menos dos canastas básicas.
Estimó que 36% de los trabajadores formales adscritos al IMSS, u 8 millones de personas, tienen actualmente un ingreso menor a los 9.1 mil pesos mensuales, lo que cuestan hoy dos canastas básicas.
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“Política laboral no son decretos”
“La política laboral no son decretos, es concertación y diálogo social”, opinó el especialista.
Desde el punto de vista de Rodolfo de la Torre, del CEEY, “es positivo que se busque mejorar las condiciones de trabajo de las personas, el aumento a los salarios mínimos y la reducción de la jornada va en este sentido, pero falta tener la previsión de hasta qué punto estas medidas puedan tener efectos adversos en la economía”.
El otro gran tema es que no hay una estrategia de aumento en la productividad de las empresas y eso hace que pueda llegar el momento en que los objetivos de mejorar las condiciones de los trabajadores se vean frenados, agregó.
Beatriz Robles, de Manpower, coincidió en que la reducción de la jornada es una buena idea, pero hay que implementarla de forma cautelosa, precisa y de manera gradual en los próximos años.
Hay ejemplos en la región de países que ejecutaron la reducción de la jornada laboral y hemos visto que, en promedio, este tipo de disminuciones toman entre tres y cinco años, detalló la experta.
La gradualidad, dijo, permitiría que las empresas absorban el incremento en los costos laborales de la modificación, así como permitir medir e implementar otro tipo de acciones en la productividad de los trabajadores.
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Inversiones son la clave
Rogelio Gómez-Hermosillo mencionó que la baja en la jornada debe acompañarse de un alza en la productividad de los trabajadores, lo cual no pasa de manera automática, pues hay que invertir en investigación, desarrollo, capacitación y tecnología, por eso la insistencia de los empresarios en que sea una aplicación gradual.
Rodolfo de la Torre consideró que aumentar la productividad requiere infraestructura complementaria al desempeño de las empresas, sobre todo de comunicaciones y telecomunicaciones, así como conexión a mercados internos y externos, y mejorar las carreteras, trenes de carga, puertos y aeropuertos.
“Desafortunadamente, el tema del impulso a la productividad lo veo ausente, no hubo ningún planteamiento en los 100 puntos que anunció la semana pasada la presidenta Sheinbaum, no se habló de un sistema, campaña o promoción a la capacitación laboral ni de mejorar los procesos productivos para aumentar la productividad, lo que va a limitar el incremento en los ingresos laborales en el futuro”, destacó el investigador.
Para que esto pueda ocurrir, expuso Rodolfo de la Torre, los trabajadores y las empresas necesitan ser más productivos.
“Sin un aumento en la productividad, esto va a representar un problema ya sea de desempleo, informalidad, inflación o todos juntos”, concluyó el investigador.