En días pasados, el equipo de trabajo de la próxima presidenta de México hizo pública una presentación titulada ‘100 Pasos para la Transformación’. En este documento se busca mostrar el potencial de crecimiento económico de nuestro país, apoyado entre otras cosas en nuestro mercado laboral, la expansión del consumo, la relación comercial con los Estados Unidos, el nivel de nuestras reservas internacionales y el manejo de las finanzas públicas.

Junto con esto, también se presenta una propuesta de inversión para el desarrollo del sector de infraestructura para los próximos seis años. Dicha estrategia de inversión considera como fortalezas la estabilidad macroeconómica nacional y un sector bancario financieramente sano, en particular, aquel relacionado con la banca de desarrollo.

Aunque no ahonda en detalles técnicos ni financieros, a mi juicio, esta propuesta representa un buen primer paso para lo que pudiera ser en el futuro un Plan Nacional de Infraestructura. Por tal motivo, el anuncio es importante y oportuno, ya que cumple con el objetivo de dar luz sobre el rumbo que tomará el sector y de ser una carta de presentación para invitar al sector privado a participar. De hecho, se menciona que la inversión estará focalizada en proyectos de infraestructura multimodal y para ello no se descarta el acercamiento con el sector privado. Aunque, ciertamente, hace hincapié en la participación del gobierno federal para eficientizar tiempos y recursos.

La estrategia busca desarrollar una plataforma logística multimodal, por lo que priorizará la conectividad, la incorporación de nuevas tecnologías y buscará identificar nuevos polos de desarrollo regionales para atraer inversión extranjera. Con esto en mente, la propuesta tiene dos frentes, a saber. El primero sería continuar con una cartera de proyectos que el actual secretario de la SICT heredaría al próximo titular, Jesús Antonio Esteva. La cartera contaría con alrededor de 700 proyectos, de los cuales 130 (a decir del propio secretario) se consideran de alto impacto. Asimismo, se ha dicho, que algunos de estos proyectos están en etapa de planeación y otros ya en construcción.

En un segundo frente, se encuentran nuevos proyectos de inversión que consideran la modernización, ampliación y construcción de puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras. En este sentido, se buscaría ampliar o construir al menos 14 tramos carreteros, seguir dando mantenimiento a la red de caminos rurales, ampliar 10 terminales portuarias y 5 aeropuertos. Además, se plantea la inversión en siete rutas ferroviarias (tanto de carga como de pasajeros) aprovechando los derechos de vía existentes y los 18 mil kilómetros de vías férreas actualmente concesionadas.

Con relación a la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos, se plantea continuar con la estrategia actual, donde la participación del gobierno federal dentro del mercado es importante. Asimismo, se seguirá trabajando en una política energética que garantice la generación, transmisión y distribución de electricidad, así como la disponibilidad de gas natural en todo el territorio nacional, con el fin de cubrir la demanda creciente del sector productivo. Para el tema de la generación eléctrica, se buscará aumentar la cuota de las energías renovables para impulsar la transición energética.

En el caso del sector hídrico, se establecerán políticas de reúso de agua, programas de limpieza de ríos y cuencas contaminadas; así como la modernización del riego agrícola garantizando la sostenibilidad del recurso en el largo plazo.

Ahora bien, como una primera conclusión, podemos decir lo siguiente. Debido al formato del documento presentado, este sólo muestra a grandes rasgos la propuesta de inversión en el sector. Sin embargo, esperaríamos que llegado el momento de la presentación del Paquete Económico para 2025, se informe acerca del presupuesto destinado a la SICT y a cada uno de los proyectos mencionados. Incluso, se informe si la Secretaría de Marina y de Defensa Nacional continuarán participando en trabajos de mantenimiento y construcción de las obras públicas. Asimismo, es muy importante saber si dentro de los planes de inversión se considerarán modelos de participación y financiamiento como las Asociaciones Público-Privadas, las Concesiones o las Obras Públicas Financiadas.

Sobre este último punto, creo que es importante resaltar que la elección de un modelo u otro debe, ante todo, aprovechar al máximo los beneficios que generaría la participación del sector privado y/o del sector público. Es de conocimiento general que un modelo de participación conjunta, implementado correctamente en aquellos proyectos que lo permitan, reduce la carga presupuestal de la administración pública (en cualquiera de sus niveles) y distribuye los riesgos técnicos, financieros, ambientales, reputacionales, entre otros.

A simple vista, la propuesta de inversión presentada tendría el potencial de acelerar el desarrollo del sector de infraestructura en aras de aprovechar, entre otras cosas, el fenómeno de la relocalización. No obstante, en mi opinión, tenemos que asegurarnos de: 1) contar con los recursos humanos y financieros suficientes para concretar los proyectos; 2) contar con reglas y procesos claros para presentar, diseñar, planear, ejecutar y operar los nuevos proyectos y 3) asegurar el retorno social, ambiental y financiero de cada proyecto

Finalmente, y trayendo a la mesa la coyuntura económica mundial, recordemos que nuestro país tiene la oportunidad de atraer inversión extranjera debido a la relocalización de las cadenas de suministro. Por lo que, la propuesta de inversión en infraestructura para los próximos seis años podría fortalecer aún más el comercio regional con nuestros vecinos del norte. Sin embargo, y en paralelo a las posibles inversiones internas y/o externas, debemos asegurarnos de que estos flujos de capital también traigan, en un mediano plazo, prosperidad a la población, que generen valor agregado a los procesos productivos (transferencia de conocimiento), que promuevan empleos más especializados y mejor remunerados, y que contengan un mayor porcentaje de contenido nacional. En definitiva, que impulsen el desarrollo económico y social de nuestro país.

Director Ejecutivo Sr. de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings

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