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Distribuidores de gas LP alertaron que en México operan en la clandestinidad alrededor de 6 mil autotanques que venden el combustible que le roban a Pemex de sus ductos.
Las agrupaciones Amexgas, ADG, Adigas, Asocinor y la Cámara Regional del Gas denunciaron que el mercado negro del energético crece con total impunidad, provocando efectos adversos tanto para la población como para la economía.
En un comunicado conjunto, señalaron que este problema tiene afectaciones patrimoniales y económicas para Pemex, estimadas en 20 mil millones de pesos anuales, pues sólo 18 municipios concentran 94% de las tomas clandestinas de la empresa.
Además, “la población mexicana queda vulnerable ante el crecimiento de inseguridad por graves accidentes; se fortalece la distribución ilícita lo que daña la certeza jurídica, económica y fomenta la inseguridad en el país; que el principal ducto donde se presenta el mayor número de tomas clandestinas tenga que suspender sus operaciones en 40% de los días del año, lo que representa 146 días con interrupciones en el flujo del producto, lo que arriesga la garantía de abasto a la población por la frecuente interrupción en las operaciones de transporte del combustible”.
Los distribuidores consideraron prioritario crear un plan de trabajo contra el mercado negro de gas LP mediante acciones como la implementación de vigilancia continua en los tramos del ducto ubicados en los 18 municipios con más robos, así como realizar operativos de verificación en las principales vías de acceso carretero entre las zonas de extracción de esas comunidades y grandes centros de consumo.
Los 18 municipios son Tepeaca, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Acatzingo, Tlahuapan, Los Reyes Juárez, Amozoc, Acajete, San Salvador el Verde y Palmar del Bravo, todos estos en Puebla.
Calpulalpan, Nativitas y Nanacamilpa se sitúan en Tlaxcala; Tepeji del Río en Hidalgo; Nextlalpan en Estado de México; y, José Azueta en Veracruz.
De hecho, los distribuidores sostienen que 97% de las tomas clandestinas se concentran en cinco entidades: Puebla con 61%, Estado de México, 17%; Tlaxcala, 11%; Veracruz, 5%; Hidalgo, 3%.
Ven importante realizar operativos en ruta para eliminar equipos de reparto que incumplen con la ley y no están registrados ante la CRE.
Realizar operativos en estaciones de servicio, plantas de distribución y centros de trasiego que comercializan el producto de origen ilícito, y que la CRE autorice permisos y trámites rezagados de las empresas legales.
Pidieron ejecutar tareas de inteligencia, investigación, operación y supervisión en los 18 municipios; implementar operativos en carreteras de acceso a las principales zonas de distribución, solicitando el CFDI que acredite la procedencia lícita del producto; operativos en rutas de distribución para verificar la procedencia lícita del producto, así como operativos en estaciones, plantas de distribución y centros clandestinos de trasiego de gas LP.
También piden realizar operativos para eliminar las zonas controladas de reparto en las que operan grupos de choque.
