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El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), advirtió que debe haber una comunicación clara entre las autoridades antilavado de México y Estados Unidos para evitar sanciones extremas como las que se vieron recientemente con los casos de Intercam, CIBanco y Vector.
Además, alertó que ahora ya no es suficiente estar al día en materia regulatoria interna sino también con los estándares internacionales, ya que en materia de financiamiento al terrorismo hay un vacío legal y el riesgo seguirá por lo menos en los próximos cuatro años.
“Sobre todo, que haya una responsabilidad clara de la comunicación que debe haber de las autoridades mexicanas con las autoridades internacionales que pueden estar sancionando a las instituciones mexicanas”, dijo el presidente del comité nacional de Estudios Económicos del instituto, Víctor Manuel Herrera.
Durante su participación en la mesa de análisis sobre el sistema financiero que organizó el IMEF, mencionó que según versiones periodísticas se cortó comunicación con EU.
“Eso no está claro y aparentemente hubo un rompimiento, por reportes periodísticos, hubo un rompimiento que nos llevaron a una medida extrema o sanción extrema para operar con estas instituciones”, ponderó.
Mencionó que la unidad antilavado de Estados Unidos (FINCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que dependen del departamento del Tesoro, iniciaron sus investigaciones, y un año antes de llegar a la dictaminación, avisaron a las autoridades mexicanas para que puedan mostrar sus elementos para que puedan actuar como atenuantes ante una eventual sanción.
Bajo ese contexto, Herrera puso de manifiesto que debemos estar conscientes de que el riesgo “sigue latente”.
Hizo ver que en México hay una renuencia a aceptar que hayan designado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, pero advirtió que es un hecho que esta designación va a estar tranquilamente por los cuatro, cinco años.
Para el economista en jefe del IMEF frente a esta situación tenemos dos opciones: adaptarnos a ella o seguirla peleando sin que nos lleve a ningún lado.
“Es mejor adecuar nuestro marco regulatorio al esquema internacional para evitar ese tipo de operaciones ilícitas tanto para el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo”, recomendó.
Sin embargo, lamentó que en la más reciente reforma a la ley antilavado, se quitan todas las referencias al terrorismo, pues no encontró nada al respecto en el texto de la iniciativa para ver en dónde se tiene que filtrar la aplicación de los recursos que van a organizaciones terroristas, especialmente si son lícitos.
“Hay vacíos a esa ley que invitan a pensar que se van a tener que revisar una vez que el GAFI haga su auditoria al sistema de control mexicano”, aseguró.
Estableció que si bien los bancos mexicanos tienen muy buenos esquemas de prevención de lavado de dinero, no para el control y monitoreo de las instituciones americanas; distan mucho, afirmó.
“Si vemos los bancos intervenidos el mismo día de la CNBV, hablan de que todos sus filtros y controles cumplen con la legislación mexicana, pero eso no quiere decir que cumplen con los estándares internacionales; ahí es donde tenemos que trabajar no solamente en México a nivel institucional sino gobierno para que pueda haber esa modernización de los filtros y controles”, dijo.
En su opinión, las autoridades mexicanas tienen gente muy capaz para enfrentar la situación, pero falta que se implementen los marcos regulatorios y los controles, y que el regulador visite y pregunte.
También dijo que es lógico pensar que el gremio a través de la Asociación de Bancos de México, haya sido el que esté respondiendo en lugar de que cada institución lo haga por su lado.
Incluso mencionó que algunos que tienen amplia experiencia para ese tipo de temas en otras jurisdicciones, particularmente los americanos o como los españoles BBVA y Santander que adquirieron experiencia con el grupo terrorista ETA.
“El sistema bancario puede beneficiarse de estas instituciones, en el manejo de estos temas”, consideró.
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