A pesar del ajuste presupuestal mostrado en el Paquete Económico, la plantilla laboral de la Administración Pública Federal (APF) podría superar 2 millones de empleos en 2025, con el aumento de 183 mil plazas, 9.6% más que las que se aprobaron para este año.
Esa tasa anual de crecimiento es la más alta al menos desde 2019, cuando iniciaron los gobiernos de la Cuarta Transformación, revelan los datos dados a conocer el viernes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El cálculo no incluye el empleo en los poderes Legislativo y Judicial, ni personal de órganos autónomos que, conforme a los datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos, en términos generales no reportan cambios relevantes.
“Es un incremento del personal ocupado en el gobierno federal que refleja el enfoque que le van a dar en este primer año a la administración en sectores estratégicos como seguridad, Salud y energía, principalmente”, destacó Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tec de Monterrey.
“Este empleo público requiere que su crecimiento esté respaldado por una estrategia fiscal sólida, para que los recursos que se capten ayuden a sustentar esta expansión, ya sea a través de un aumento en los ingresos fiscales, como se tiene contemplado, sin comprometer el crecimiento en la deuda para mantener la estabilidad económica”, agregó.
El Paquete Económico es similar al de sexenios anteriores, con pocos cambios y una visión optimista de que se podría crecer hasta 3%. Las prioridades de la Presidencia aquí se ven reflejadas, aprietan a todo mundo para poderle otorgar aumento de recursos nada más a los programas y proyectos que son sus prioridades, dijo Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
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Reestructura
El incremento extraordinario de las plazas en la APF estaría impulsado principalmente por el sector Salud y de seguridad. La creación del Instituto de Salud para el Bienestar (IMSS-Bienestar) contempla el mayor incremento de puestos laborales, al pasar de 14.9 mil este año a 168 mil previstos para 2025.
De igual forma, se espera un aumento de 9.5 mil plazas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por el contrario, se prevé una reducción de 5.9 mil plazas en la Secretaría de Salud, como parte del proceso de reestructura del sector.
“El crecimiento en el sector Salud es prácticamente uno de los más importantes, uno que no se había visto en mucho tiempo, impulsado principalmente por IMSS-Bienestar, lo que marca una evidencia para un cambio estructural rumbo a que los servicios de salud tiendan a ser universales o que se busque ahora sí mejorar la atención de la población”, comentó Magaña.
“Sin embargo, quedan algunas interrogantes respecto a si el IMSS va a tener la capacidad operativa para absorber esta expansión tan acelerada de los servicios. Asimismo, está la inquietud de si la reducción de casi 6 mil plazas en la Secretaría de Salud podría provocar algunas tensiones para la prestación de servicios al menos en este periodo de transición en el que parte del personal va a pasar a IMSS-Bienestar”, agregó el académico.
Multitareas
El otro sector que va a contribuir a la ampliación de la plantilla del sector público es el relacionado con la seguridad. Entre las dependencias que más incrementarán su personal figura la Secretaría de la Defensa, con 20.8 mil plazas más, por la expansión de sus responsabilidades en la administración del Tren Maya y Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica.
Igualmente, en el caso de la Secretaría de Marina, se prevé un aumento de 6.2 mil elementos más en 2025. Sin embargo, en el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se proyecta un recorte de 3.6 mil puestos, principalmente de la Guardia Nacional, seguramente como parte de los reacomodos que se están llevando a cabo para enfrentar al crimen organizado en el país.
Aquí se da apoyo a las secretarías de la Defensa y Marina, porque prácticamente se les asignaron otras tareas que no tenían regularmente, como la construcción del aeropuerto, la supervisión de las obras del Tren Maya y todas aquellas tareas que se les vayan sumando en esta administración, estimó Magaña.
La disminución de personal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana posiblemente pretende incorporar a estos elementos a la Sedena, dando un giro a la estrategia de seguridad en la nueva administración, añadió.
“Habría que ver si esta reducción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana responde a una reestructuración, o es un nuevo enfoque a las tareas de seguridad. Más adelante tendremos más elementos para dilucidar esta duda”, dijo.
Eficiencia eléctrica
En el sector energético también se propone una expansión laboral. Mientras que la plantilla de Petróleos Mexicanos (Pemex) permanecerá relativamente estable, se considera ampliar el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2.3 mil trabajadores como parte del programa energético recientemente dado a conocer por la Presidencia.
Con esta ampliación se busca reforzar la modernización de la infraestructura eléctrica del país para poder aligerar los cuellos de botella que se han presentado, particularmente con las nuevas empresas que empiezan a operar donde la capacidad de generación y suministro de electricidad es limitada, explicó Magaña.
“Al incrementar esta infraestructura eléctrica, lo que se busca es proporcionar los servicios a todas aquellas empresas que tienen planes de llegar al país y operar dentro del territorio nacional. Por eso me parece que este incremento en la plantilla busca atender las necesidades que se podrían convertir en buenas oportunidades para el futuro”, comentó el investigador.
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De manera general, Magaña dijo que es importante garantizar que el aumento de personal en el gobierno federal no se vaya a traducir en una burocracia excesiva, sino en una mejora tangible en la prestación de servicios públicos y, en particular, una mejoría en la seguridad, que es uno de los problemas que han crecido de manera significativa.
Para ello, consideró importante establecer mecanismos de evaluación para medir el impacto real del incremento del personal en términos de eficiencia y resultados, asegurando que cada puesto adicional que se creará contribuya con los objetivos estratégicos del país.