El costo del delito en México llegó a 282 mil millones de pesos en 2023, lo que significó un alza anual de 8.3% descontada la inflación, superando el avance de 6.0% reportado en 2022, luego de cuatro años consecutivos a la baja, reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.
El costo de 282 mil millones de pesos representa 1.15% del Producto Interno Bruto (PIB) y 4.1 veces el presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública de los estados, comentó Dwight Dyer, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del instituto.
El dato significa también más de tres veces el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), estimado en 88 mil 107 millones de pesos, según datos de Hacienda.
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El costo promedio del delito por persona aumentó en 18 estados, entre los que destacan Tlaxcala, con alza de 74.0%; Estado de México, 52.6%, Puebla, 28.4%; Nayarit 27%; Tabasco, 16.5%; Jalisco, 16.2%; Sinaloa, 16.1%.
Además, el impacto promedio fue de 6 mil 853 pesos por persona, pero destacaron los casos de Jalisco, con 9 mil 325 pesos; Michoacán, 9 mil 246; Querétaro, 8 mil 600 pesos; Colima, 7 mil 886; Tlaxcala, 7 mil 833; Estado de México, 7 mil 769; Baja California Sur, 7 mil 732; y Puebla, 7 mil 568; Ciudad de México, 7 mil 497, y Morelos, 7 mil 338.
Se dispara el fraude
En términos generales, la incidencia delictiva a escala nacional pasó de 28 mil 701 casos por cada 100 mil habitantes en 2022 a 33 mil 267 en 2023, un incremento de 12.4%.
El número de víctimas de 18 años y más se estimó en 21.9 millones el año pasado, equivalente a una tasa de 23 mil 323 víctimas por 100 mil habitantes (prevalencia delictiva), cifra 3.3% superior contra 2022.
Ese incremento en la incidencia y prevalencia de los delitos se debe fundamentalmente a dos factores: la concentración de los ilícitos en algunos estados, y el cambio en la composición de los principales delitos, explicó Adrián Franco, vicepresidente del Inegi.
El fraude bancario y al consumidor reportó una incidencia delictiva de 6 mil 962 casos por cada 100 mil habitantes en 2023, cifra 21.7% superior a los 5 mil 770 reportados un año antes, desplazando incluso al robo o asalto en calle o transporte público, que aumentó 14.7%.
El fraude es una actividad compleja que además crece a gran velocidad, estimó Franco.
“Entre más actividad electrónica tengamos en las transacciones comerciales, financieras, bancarias y de todo tipo, el fraude va a aumentar a esa velocidad”, dijo.
El fraude se instaló en 19 estados como la primera actividad criminal, muy por encima de la extorsión, que domina en seis entidades, o del robo en la calle o transporte público, principal delito en otros seis estados, agregó.
Otro fenómeno que explica el repunte de los delitos es la concentración en algunos estados. Por ejemplo, la prevalencia aumentó en siete entidades, destacando Morelos y Aguascalientes, con un incremento anual de 28% en las víctimas de delitos, informó Franco.
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La cifra negra
La estrategia que ha seguido el gobierno de procurar condiciones sociales que desanimen el crimen ha sido muy frágil, y se percibe con este repunte de la delincuencia, señaló Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
En su opinión, esa tarea debe ser complementada con otras medidas, principalmente que no haya impunidad, pero desafortunadamente el papel de las fiscalías estatales es muy deficiente, hay una persecución muy baja de los delitos, una tasa mucho menor de su enjuiciamiento y de que se llegue a una condena después de un juicio.
“La reforma al Poder Judicial recientemente aprobada por el Congreso claramente no va a resolver el problema de la justicia en el país y tiene un alto potencial para empeorarla”, advirtió De la Torre.
En 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, sólo 10.4 % se denunciaron, tasa similar a la de 2022. El Ministerio Público o fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación en 68.0% de esas denuncias.
Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 92.9%, no se investigó, lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra. El porcentaje de la cifra oculta en 2023 fue similar al de 2022, de 92.4%.
Las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en 60.8% de las ocasiones, otras causas ocuparon 38.5% y en 0.7 % de los casos no se especificó.
Entre las atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron pérdida de tiempo, con 34.4%; desconfianza en la autoridad, 12.7%, y trámites largos y difíciles, con 9.8%. Dentro de otras causas, los motivos más comunes fueron que se consideró un delito de baja importancia, con 12.9%; falta de pruebas, 9.4%, y miedo al agresor, con 6.2%.