Ante la grave situación en que se desarrollan las elecciones judiciales, las cuales presentan improvisación, falta de transparencia, de planeación y una “alteración estructural” al funcionamiento del Estado de derecho, la Confederación Patronal de la República Mexicana () dijo que estará vigilando el proceso del 1 de junio.

Expuso que en esta reforma “en lugar de garantizar un sistema más independiente y profesional, se impulsó una reconfiguración que prioriza la lealtad sobre la idoneidad, debilitando los contrapesos y comprometiendo la imparcialidad del ”.

A través de un comunicado, el organismo patronal reiteró sus críticas a las elecciones de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial porque consideró que “el desarrollo y preparación de este proceso ha puesto en evidencia múltiples deficiencias que generan inquietudes sobre su legalidad, imparcialidad y transparencia. La fragilidad que rodea al nuevo sistema de justicia no es producto del azar sino resultado de una reforma mal diseñada y apresurada”.

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En este sentido, agregó que “la ausencia de criterios técnicos claros, la improvisación del proceso electivo y la falta de un diagnóstico serio previo, han derivado en un modelo débil, permeable a intereses políticos y vulnerable a la desconfianza ciudadana. Lo que está en juego no es solo quién juzgará sino cómo se impartirá justicia en nuestro país”.

La Coparmex consideró que en lugar de fortalecer a las instituciones que imparten justicia, el proceso se promovió con un objetivo político bajo una lógica de controlar.

Además, “las campañas por cargos judiciales han adoptado prácticas propias de la política partidista, alejándose de la evaluación técnica y de méritos. Se han registrado estrategias populistas centradas en “legitimidad popular”, dejando de lado la trayectoria, formación y criterios jurídicos de quienes aspiran a ser juezas, jueces y magistraturas”, aunque hay excepciones, todo lo cual socava la confianza en las instituciones.

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Indicó que ante “la gravedad el contexto, hemos desplegado una estrategia nacional de observación. Más de 215 personas observadoras, registradas y capacitadas formalmente ante el Instituto Nacional Electoral, forman parte de nuestro esfuerzo coordinado para vigilar este proceso. Esta red cubre el 60.6% de los distritos electorales federales, lo que representa más del 65% del territorio nacional”.

Se prestará “particular atención a entidades como Veracruz y Durango, donde coinciden procesos distintos sin garantías de orden ni claridad. Esta mezcla institucional atenta contra la calidad democrática del proceso genera confusión en el electorado y abre la puerta a múltiples formas de manipulación política”, añadió la Coparmex.

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desa/mgm

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