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El desafío más importante del gobierno de Claudia Sheinbaum en el ámbito económico es convencer de que el poder acumulado, con pocos contrapesos, no implicará políticas públicas hostiles a la economía de libre mercado, dijo Citibanamex.
A través de un análisis y a un día de la toma de posesión de Sheinbaum, la firma financiera resaltó que al arranque de su gobierno, enfrentará el desafío de disminuir la elevada incertidumbre económica reinante.
Citibanamex recordó que los mercados financieros se mantuvieron tranquilos en los meses previos a las elecciones presidenciales. No obstante, los alteró la sorpresiva amplia victoria de Morena y sus aliados, que permitió la aprobación de reformas, principalmente al poder judicial.
“Tales reformas debilitan el actual marco institucional de contrapesos, que es considerado muy importante para que fluyan adecuadamente las inversiones productivas y financieras en el país”, dijo.
Citibanamex recalcó que el gobierno del presidente López Obrador mantuvo políticas públicas que restringieron la inversión privada en algunos sectores de la economía, en particular en el sector energético, y buscaron ampliar la intervención del ejército en la construcción y manejo de obras de infraestructura
En ese sentido, dijo que ante el inicio de una nueva administración, el esbozo del programa de gobierno será evaluado tanto en sí mismo, como señal que permita hacerse una idea del enfoque con que se abordará la relación con el sector privado, así como con nuestro principal socio comercial.
AMLO hereda problemas fiscales a Sheinbaum
En su comentario, Citibanamex recalcó que el gobierno saliente de López Obrador hereda al nuevo, problemas económicos relevantes, sobresale en el corto plazo el fiscal.
“A pesar de que el gobierno saliente mantuvo la mayoría de los pilares de la estabilidad macro financiera (apoyo al libre comercio, flotación cambiaria, respeto a la autonomía del banco central, regulación financiera sólida), debilitó, al final del sexenio, el pilar de la disciplina fiscal”, dijo.
Citibanamex dijo que su estimado de déficit fiscal será de 6.2% del PIB este 2024, el más alto en más de tres décadas.
“No era necesario desde el punto de vista económico (el país no estaba en recesión), sino electoral, a la vez que es contradictorio con la política monetaria restrictiva de Banxico. Dados los niveles de deuda pública (56% del PIB este año, también la más alta en tres décadas), se requiere un mensaje convincente de la forma en que será enfrentado por la nueva administración”, detalló.
Para la firma financiera, este aspecto no será fácil, pues si se anuncia que se bajará a 3% tal déficit en 2025, y es creíble, ello llevaría a anticipar una recesión de la economía.
“En nuestro caso, nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para el 2025, de 0.8%, supone que el recorte al gasto público no es tan severo (anticipamos que el déficit sea de 4.9%). Por el contrario, si no se observa que sea creíble una baja sustancial del déficit (incluyendo su trayectoria los siguientes años) entonces las primas de riesgos subirán más significativamente de lo que lo han hecho en los últimos meses y la calificación de grado de inversión de la deuda pública será amenazada”, dijo.
Credibilidad dependerá de anuncios fiscales
Citibanamex recalcó que la credibilidad del próximo gobierno dependerá en gran medida de lo que se presente respecto a un lastre creciente para las finanzas públicas, que es Pemex, y la forma en que se abordarán los problemas fiscales.
“Es difícil que sea creíble la estabilización de las finanzas públicas sin el anuncio de un ajuste a los ingresos (reforma fiscal), y una cuantificación realista (y su financiamiento) de los egresos (nuevos programas sociales y de infraestructura; reestructuración de Pemex). Ahí también jugará el papel que se le asigne al sector privado en el financiamiento de los proyectos de infraestructura”, dijo.
Resaltó que en el corto plazo, las leyes secundarias de la negativa reforma judicial constitucional serán de gran importancia para matizar algunos de los muchos riesgos que plantea esa reforma para la inversión privada.
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