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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) usará más activamente la denuncia penal en aquellos casos en que haya evidencia de que hubo colusión entre representantes de empresas para fijar precios de productos y servicios.
Se piensa en contar con sanciones fuertes para que no se repitan las prácticas anticompetitivas, dijo el titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, José Manuel Haro.
“Lo que estamos haciendo es usar de manera más activa las herramientas de la comisión, y dentro de esto está la posibilidad de presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Una vez que se realiza una investigación por posibles prácticas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica, si se detecta que hubo agentes económicos que se pusieron de acuerdo “para cartelizar [tener un cártel en] el mercado”, la comisión podrá llevar el caso a la fiscalía, afirmó. Si se comprueba que hubo prácticas prohibidas por ley, llevar un caso a la FGR implica cárcel, señaló.
Haro añadió que por eso se realizan múltiples investigaciones y, cuando se cuenta con los elementos necesarios para hacer una denuncia penal se presenta la querella.
“Recabamos todo tipo de información. Por ejemplo, a las empresas les pedimos información del funcionamiento del mercado, de clientes, de proveedores y precios, y los sentamos a declarar”, expuso.
Con ello, detalló, “concatenamos una serie de elementos de la información aportada por las empresas o personas e información que recabamos en visitas sorpresa, en donde nos traemos evidencias almacenadas en archivos, documentos”. Con ello se construye evidencia y se obtienen las pruebas.
Cuando se lleva el caso a una denuncia penal, la Cofece trata de desactivar un cártel que se pone de acuerdo para imponer precios en el mercado o intenta terminar acuerdos que afecten al consumidor.
Si se presenta el caso a la FGR, las evidencias que arrojan que hubo personas que participaron en acuerdos de colusión para cobrar un sobreprecio pueden castigarse con cárcel, además de las sanciones administrativas que pueda haber, como inhabilitación de los empleados que participaron en los acuerdos.
Haro dijo que la ley permite que los participantes en un acuerdo de colusión pueden adherirse a programas de inmunidad para evitar consecuencias penales. Recordó que el viernes pasado la Cofece informó que presentó una denuncia penal contra agentes económicos, quienes supuestamente participaron en un acuerdo para fijar precios de recubrimientos para edificaciones.
En ese caso que ya está en manos de la FGR ningún participante se acogió al programa de inmunidad que la ley contempla, por lo que se presentó la denuncia y se sigue adelante con la investigación.
