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El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) reservó las alertas del estado operativo del Sistema Eléctrico Nacional bajo el argumento de que la información implica riesgos para la seguridad nacional.
El mes pasado publicó 26 alertas de seguridad y la última fue el 18 de mayo, tras los reportes de apagones en más de 20 estados.
Los registros de la Secretaría de Energía señalan que en los meses de junio, julio y agosto se dispara la demanda por el uso de ventiladores y aires acondicionados debido a las altas temperaturas.
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El centro también ocultó la información hace un año, en junio de 2023, cuando el consumo de electricidad superó por primera vez los 53 mil megawatts en todo el Sistema Eléctrico Nacional, lo que también provocó apagones.
“La información publicada hasta el 21 de junio de 2023 tiene el carácter de reservada, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el entendido de que pondría en riesgo la seguridad nacional”, dio a conocer en el portal de alertas.
Estas alarmas se retomaron en julio de 2023, cuando hubo un total de 122, mientras que en agosto del año pasado sumaron 106.
“Las alertas en el sistema tienen varias razones de ser, una de ellas es informar a todas las partes interesadas. Si son informados con anticipación, los suministradores diferentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueden hacer su planeación, los grandes consumidores pudieran adaptar sus procesos, incluso nosotros los usuarios residenciales pudiéramos prepararnos para eventuales cortes en el suministro”, expuso Carlos Flores, analista del sector.
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“Desafortunadamente, la actual administración [federal] prefiere no informar que quedar evidenciada por su incompetencia en el sector energético. Tanto en éste, como en varios otros de los fracasos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la prioridad ha sido ocultar [la información] en lugar de realmente atender y solucionar las causas del problema”, agregó en entrevista con EL UNIVERSAL.
Para Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, la ley es clara y debe existir una máxima publicidad en la operación de la industria eléctrica.
“Se tiene que tener la información adecuada para saber qué es lo que está fallando y poder tomar predicciones o si no se generan pérdidas. El capítulo décimo de la Ley de la Industria Eléctrica habla de la mayor publicidad posible y pues el Centro Nacional de Control de Energía debería de atenerse a eso que es su obligación”, dijo a este diario.
“Ofrecer información certera a tus usuarios es parte de generar seguridad. Esto es un asunto público y deberíamos de saber qué es lo que falla y por qué hay apagones, qué plantas salen y creo que eso no va en contra de la seguridad nacional, al contrario, hace conocer qué es lo que está fallando”, agregó el socio de la consultora P21Energía.
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En opinión de expertos, el gobierno federal trató de minimizar el problema, ya que los apagones en varias partes del país se generaron, en gran medida, por su responsabilidad, dado que si bien aumentó la demanda por las altas temperaturas, el Sistema Eléctrico Nacional no ha incrementado su capacidad de generación.
Lo anterior, debido a que no se invirtieron recursos públicos en la generación de energía eléctrica y transmisión, ni tampoco el gobierno agiliza y promueve la inversión privada en este sector.
“Los apagones dejaron muy clara la necesidad de invertir en líneas de transmisión y definitivamente abrir la puerta a las [energías] renovables complementando con otras tecnologías, pero en renovables, según el mismo Acuerdo de París, calculamos que de aquí a 2030 necesitamos cerca de 40 mil megawatts para alcanzar la meta”, comentó Héctor Treviño, director general de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).
Para José Aceves, director de Sarens en México, firma de construcción, agregó que hay empresas interesadas en ser soporte del sector público en esta ruta de las energías renovables en medio de esta coyuntura.
“Esta transición energética requiere de garantías jurídicas y regulatorias que sean capaces de promover un ambiente propicio para la inversión [privada] y el desarrollo del sector”, explicó director de Sarens en México.
