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El pleno de presidentes que conforman los 12 organismos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó una opinión técnica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la llamada “Ley Bonilla” por la que se extiende de 2 a 5 años el mandato del gobernador de Baja California , a fin de que el Poder Judicial considere esos elementos de juicio.
Por primera vez en la historia del CCE se utiliza esta herramienta jurídica para que los empresarios fijen sus consideraciones técnicas ante una controversia judicial.
A pesar de que el CCE no es un actor directo en el caso emitió un Amicus Curiae que “es un mecanismo según el cual, terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado, pueden presentar una opinión técnica a un tribunal, que aporte elementos relevantes para consideración del poder judicial”.
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Los empresarios argumentan que el Decreto 351 es una norma electoral y vulnera la Constitución Federal, porque las leyes electorales debieron modificarse 90 días antes del proceso electoral.
“Constituye una violación al ejercicio del derecho al voto consagrado en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos…La determinación del periodo del cargo que fue objeto de la elección no está en el ámbito de la decisión y de la discrecionalidad del Congreso de Baja California, pues implicaría aceptar no solamente que tal periodo puede ser ampliado, sino que también podría ser reducido a voluntad”.
afcl
