La lista de empresas que aseguran que ICA les adeuda pagos ya suma siete subcontratistas, los cuales demandan el pago inmediato de un total de 136 millones 20 mil pesos, de acuerdo con testimonios recabados por EL UNIVERSAL.
ICA es una de las empresas que más contratos ha ganado con gobiernos anteriores, como el relacionado al drenaje profundo en la Ciudad de México, y ha participado en obras como la Línea 12 del Metro, el Tren México-Toluca, el proyecto cancelado de Texcoco, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
“Estas empresas que se están sumando a esta denuncia pública colectiva tiene montos por cobrarle a ICA de más de 23 millones de pesos y hay algunas otras que se quieren sumar a esto porque les adeudan de uno a tres millones de pesos, pero tienen miedo de iniciar algún procedimiento por las represalias”, dijo Jaime Argueta, abogado que representa a las empresas que acusan el incumplimiento de pago.
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Este diario solicitó a ICA una postura oficial sobre la acusación, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Las empresas que se han unido a la denuncia pública son Infraestructura GS, cuyo monto es de 2 millones 319 mil pesos; Toposervis, por 11 millones 430 mil pesos; Mezclas Asfálticas y Caminos, con un monto cobrable de 9 millones 839 mil pesos.
Estas se suman a las empresas KYPCON Ingenieros Civiles; Construcciones Peñascos; ICAPSA Infraestructura de Desarrollo; y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez, quienes conformaron el consorcio Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales y que ya habían solicitado el pago de 112 millones 167 mil pesos.
Para el ejecutivo, la empresa que dirige Guadalupe Phillips Margain actúa como si tuviera un modus operandi.
“Han facturado en los últimos sexenios más de 8 mil millones de pesos que han sido contratados directamente por ICA y algunas de sus filiales, y ellos subcontratan a estas pequeñas o medianas empresas con la promesa y esperanza de que les van a pagar, que les van a seguir contratando y va creciendo poco a poco el adeudo hasta que las truenan”, expuso Jaime Argueta a esta casa editorial.
Además, señaló, varias de estas empresas con tal de ser contratistas de ICA han adquirido financiamientos que ahora no pueden pagar, perdiendo margen de maniobra operativa y financiera.
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“De tal manera que ya hay empresas que han tenido que despedir a trabajadores porque no pueden pagar la nómina, y ya enfrentan problemas legales laborales. En total hay más de 500 familias afectadas dentro de estas siete empresas”, dijo Jaime Argueta.
“Hemos estado solicitando incluso directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que revise este caso porque ICA aún está trabajando con el gobierno directamente, ya que ha dicho que está apoyando las causas nobles y nosotros necesitamos apoyo”, agregó.
El legista afirmó que ya hay demandas judiciales formales, elaboradas y presentadas desde 2024 ante diversos juzgados en la Ciudad de México.