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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2022 los mexicanos trabajaron un promedio de 2,226 horas, encabezando la lista de mayor tiempo de trabajo de sus miembros; evidenciando la necesidad de implementar medidas para mejorar el balance de vida y trabajo en el país. Sin embargo, este cambio tiene fuertes implicaciones para los empleadores.
Mucho se ha discutido desde el sexenio pasado sobre la reducción de las jornadas de trabajo en México. El tema ha sido retomado por la nueva legislatura y se espera que sea una iniciativa aprobada en el transcurso del año.
Pero, ¿por qué tanto alboroto?
Hoy en día, nuestro país tiene una jornada laboral de 48 horas a la semana para turnos diurnos, 42 para turnos nocturnos y 45 para horarios mixtos que pueden distribuirse hasta en seis días a la semana. De esta manera, México tiene un requerimiento de un mayor número de horas de trabajo que muchas otras jurisdicciones y es el país de la OCDE, donde los trabajadores laboran más horas remuneradas, seguido por Turquía y Colombia. Este último ya está tomando cartas en el asunto al haber aprobado la reducción paulatina de sus jornadas laborales de 48 a 42 semanales, habiendo comenzado en el mes de julio de 2023, de acuerdo con la Ley 2101.
Entonces, ¿cómo pretende México garantizar condiciones laborales justas comparables con las del resto del mundo?
La actual iniciativa de reforma propone que los trabajadores tengan derecho a, por lo menos, dos días de descanso a la semana. Esto reduciría las jornadas de trabajo a 40 a la semana para horarios diurnos, 35 horas para turnos nocturnos y 37 horas y media para turnos mixtos.
Para aquellos puestos administrativos que trabajen de lunes a viernes esta reforma seguramente no les aporte nada nuevo, pero donde existirá un impacto fuerte para su implementación es en las industrias de la manufactura, retail y servicio al cliente, puesto que sus labores requieren determinadas actividades los siete días de la semana y, en algunos casos, las 24 horas del día.
Es en estos casos en los que hacer exigible la reducción de jornadas de un día para otro podría tener consecuencias catastróficas, pues algunas fuentes de empleo podrían perderse al no contar con recursos suficientes para sufragar los gastos derivados del pago de horas extra o la contratación de plantillas de personal adicionales.
Por otro lado, no podemos perder de vista que el año pasado se reformó el delito de explotación laboral para incluir en este tipo penal el obligar a los trabajadores a laborar horas extra por encima de lo establecido por la ley, ante lo cual, la jornada extraordinaria superior a nueve horas por semana podría ser sometida a un escrutinio mayor que pudiera resultar en multas y pena de prisión.
Ante todos estos cambios legislativos, ahora más que nunca, es importante que los patrones comiencen a revisar su nivel de cumplimiento en materia de tiempo de trabajo, pago de horas extras y posibles costos que se generarían por la reducción de los máximos legales para las jornadas de trabajo, pues ante tanta presión internacional, esta reforma es inminente y solo está sujeto a discusión el término que se dará a los particulares para cumplirla.
Socia de Littler
X: @Littler
