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Los trabajadores de las dependencias y entidades de la administración pública federal (APF), así como sus delegaciones y oficinas de representación que fueron contratados en diciembre de 2018 ya no seguirán laborando, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La instrucción incluye plazas permanentes, eventuales y por honorarios, de acuerdo con una circular firmada por la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, en la cual se solicita a todas las entidades de la administración pública atender de inmediato esta disposición.
En la circular se establece que por “instrucciones del Señor Presidente de la República, toda aquella persona contratada a partir del 1 de diciembre de 2018, en alguna plaza permanente, eventual o por honorarios, deberá ser separada de su cargo”.
Se hace referencia al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2018, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Al respecto, la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Ceja, comentó que se trata de lineamientos emitidos cada año por la SHCP para que las unidades ejecutoras estén enteradas de las normas a las que se deben apegar. Afirmó que eso no implica recortes adicionales.
“Básicamente no se trataba de una medida de generar algún despido de personal, simplemente notificarles cuál es el lineamiento que deben seguir para no rebasar el presupuesto que les aprobó la Cámara”, explicó.
Lo anterior como parte de las medidas de austeridad que también incluyó la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y compactación de plazas, entre otros.
La funcionaria recordó que ya se había emitido una disposición respecto a la compensación en apego al Poder Judicial para el personal de servicio profesional de carrera. Victoria Ceja indicó que son las unidades ejecutoras las que determinan a quién aplicaría.
Además, precisó que a la fecha mil 246 servidores públicos optaron por esta compensación que representó un costo de 279 millones de pesos.
Cada área tiene la obligación, a partir de que se aprobó la reforma a la Ley Orgánica y que la Cámara otorgó un plazo de 189 días que vence a finales de mayo, para plantear los cambios a su estructura.
“Derivado de ello, pudiera haber algún ajuste a sus plazas y, en su caso, se haría la gestión ante la Secretaría de Hacienda”, mencionó.
La funcionaria dijo que hasta ahora no han recibido ninguna solicitud de cancelar plazas, pero estarán atentos para que se hagan las gestiones conforme a esta disposición.
