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Ayer, en Ensenada, Baja California, se concretó la legalización del contrabando automotriz por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador . El evento fue un acto protocolario en el que estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico que dará cauce a la regularización y en la que se habló de la corrupción del pasado, al momento en que se formalizaba la corrupción del presente, indicó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en un comunicado.
AMDA llamó al presidente López Obrador a instrumentar de inmediato políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.
Desarrollar un plan integral de movilidad para la frontera norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público , infraestructura urbana y saneamiento ambiental mediante el concurso de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal y de la iniciativa privada .
Así como tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos.
“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres”, indicó AMDA.
Los distribuidores señalaron que es indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles.
Además de exigir el estricto cumplimiento del ANEXO No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz.
Y con ello eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales.
Adicionalmente, los distribuidores piden refundar el Registro Público Vehicular (REPUVE) a través de la aprobación de una Ley General que le otorgue facultades plenas para ordenar el registro vehicular, hacer obligatorio el concurso de los gobiernos estatales y vertebrar los procedimientos de control vehicular federal y locales.
En esta materia, agregó AMDA, es urgente plasmar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022 una partida suficiente para equipar al REPUVE y ampliar su capacidad de atención.
“Desde la aprobación de su Ley en septiembre de 2004 y hasta la actualidad el REPUVE no ha cumplido con las responsabilidades que la Ley le marca y los requerimientos que el país enfrenta, a pesar del compromiso y esfuerzo de sus trabajadores”, aseguró AMDA.
Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación.
