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La Cámara de Comercio Americana (Amcham, por sus siglas en inglés) calificó de “aterrador” el creciente número de proyectos que se suspendieron por el la mayor inseguridad y violencia en México.
Informó que como consecuencia de este problema, las empresas han tenido que aumentar el gasto para medidas de seguridad, pero también ha orillado a otras a trasladar sus operaciones a diversos estados o incluso fuera del territorio nacional.
En el Sondeo de Seguridad Empresarial 2018 de la Amcham se expuso que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.72 billones de pesos en 2017, siete veces más que en 2016, de acuerdo con cálculos del Institute for Economics and Peace.
La falta de apoyo de la autoridad para combatir los ilícitos provocó que las empresas inviertan cada vez más en su seguridad, por lo que en el estudio se observó que las firmas de origen extranjero invirtieron en promedio 5% de su presupuesto anual.
De acuerdo con el sondeo, en el que participaron 415 empresas, 38% de los negocios invirtió más de 5% en seguridad, cifra que es más del doble con respecto a 16% que reportó esos montos de gasto en el estudio de 2016.
El director general de AIG y presidente del comité de seguridad de Amcham, Marcelo Hernández, informó que las empresas consideraron que los estados más peligrosos por inseguridad fueron: Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Puebla.
El 14.2% de los encuestados dijo que tuvo que suspender operaciones en algún estado.
De ese total, 57.1% dejó de tener presencia en Tamaulipas, 36% salió de Guerrero, y 25% de Michoacán.
Preocupa, dijo Hernández, que sube la incidencia de la gran parte de los ilícitos y ello genera otras consecuencias, por ejemplo, hay más robo de carga y de vehículos y se ha llegado a ver que las empresas aseguradoras ya no quieren vender las pólizas, “es difícil encontrar coberturas” para las flotas de unidades.
El delito que más sufrieron las empresas fueron ataques al transporte de la cadena de suministro en los últimos 12 meses (cuatro de cada 10 negocios registraron este ilícito), “lo que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del sector productivo del país”.
También se posicionaron como delitos recurrentes la extorsión virtual, el robo y las amenazas a los empleados, así como la invasión a instalaciones, manifestantes y bloqueos.
La mayor preocupación de los encuestados es garantizar la seguridad de los empleados y de sus familias; en segundo lugar la seguridad de la información, en tercer lugar del transporte de carga, seguido del impacto por la delincuencia y la seguridad física de las instalaciones.
Autoridad, deficiente. A pesar del tamaño del problema, ejecutivos de empresas de origen extranjero de Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Alemania y Canadá, principalmente, consideraron que la actuación de la autoridad “es deficiente en la mayoría de los casos, sobre todo a nivel estatal y municipal”, porque aun cuando se hace la denuncia no se logra el impacto deseado.
Hernández dijo que 6.1% de las empresas suspendió sus proyectos de inversión en su totalidad, cifra que calificó de “aterradora”, porque “se está notando esa aversión al riesgo”.
Detalló que 14.2% suspendió operaciones en los últimos dos años, sobre todo en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. El 3.5% trasladó su actividad de un estado a otro, y 1.5% trasladó ciertos procesos a otro país.
El 9.6% tercerizó o traspasó operaciones en algún estado, destacando los casos de Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León y Sinaloa.
En total, 42 empresas suspendieron proyectos de inversión en su totalidad o los redujeron.
“Aunque la gran mayoría de las empresas no ha recurrido a este tipo de medidas, no debemos minimizar el hecho de que el entorno de seguridad es un factor determinante en la decisión de las empresas para mantener o aumentar su inversión, fortalecer, trasladar o tercerizar sus operaciones, así como suspenderlas en detrimento de los empleos que genera”, expone el estudio de la Amcham.
