El monto contratado en 2022 mediante adjudicaciones directas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo un crecimiento de 338% respecto al año previo, lo que significa que se multiplicó más de cuatro veces, de acuerdo con el Informe de Austeridad Republicana de la petrolera, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Este informe con las cifras más recientes del ejercicio de recursos públicos por parte de la petrolera dirigida por Octavio Romero Oropeza apunta a que el año pasado, al hacer uso de este método, se pactaron contratos con proveedores por 146 mil 148 millones de pesos, mientras que un año antes fueron 33 mil 337 millones de pesos.
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El monto del año pasado es el mayor desde que se realizan estos informes, es decir, desde 2020.
Incluso, como porcentaje de todo el gasto que Pemex ejerció, las adjudicaciones directas representaron 34.6%, superando a las licitaciones públicas, con 32.6%.
Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa Anticorrupción de la asociación Fundar, expuso que así como la administración federal enfrenta altos riesgos de corrupción por este tipo de contrataciones, Pemex, con un régimen propio, también tiene esa problemática.
“Los riesgos son que se contraten empresas que no tengan capacidad para realizar los contratos, o que sean empresas fantasma. Con este esquema es como se ha dado el caso de corrupción de Diconsa, Liconsa y Segalmex”, añadió.
Lo que dice la ley
De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado debe acotarse a la licitación pública en tanto su Consejo de Administración lo determine.
Sin embargo, están establecidos 23 supuestos en la ley para contratar mediante un proceso de excepción a la licitación pública.
Salvatierra destacó que Pemex transgrede el artículo 50 de su reglamento, el cual indica que por los procedimientos de invitación restringida y de adjudicación directa, la suma de las operaciones en un ejercicio fiscal no debe rebasar 30% del presupuesto total autorizado para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la empresa.
“Si se ha estipulado este porcentaje es por algo, porque con la misma ley se trata de reducir los riesgos de corrupción, de discrecionalidad de los servidores públicos y del daño al presupuesto”, agregó.
En conjunto, con las invitaciones a cuando menos tres empresas, las adjudicaciones directas representan 39%, pero el año pasado ese porcentaje se ubicó en 52%.
Preocupa opacidad
Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero independiente de Pemex y analista del sector, expresó que ante esta situación corresponde una actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para ver que estén justificadas las adjudicaciones, pues el objetivo es ejercer más en licitaciones públicas.
“Con concursos abiertos se buscan más beneficios para la petrolera en costo y calidad de servicios o productos, y esto es importante en momentos cruciales, como lo es ahora”, dijo Ruiz Alarcón.
Para Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el alza en las adjudicaciones directas preocupa, aunque dijo que hay muchas circunstancias por las que Pemex recurre a éstas.
“Hay riesgos de corrupción porque hay opacidad en contratos... Si lo que se busca es la austeridad, como señala el informe, lo que en realidad se debería hacer es mejorar los procesos de contratación, con mayor planeación y no adjudicar directamente, lo que puede ser una señal de prisa, falta de estructura y análisis, además de que se pierde la competencia entre empresas”.
En la actualidad, Pemex, al igual que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tienen un régimen diferente y separado al resto de la administración pública federal.
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Este marco regulatorio comenzó a partir de la reforma energética de 2013, para dar más independencia a las empresas, pero a decir de los expertos, generó que ambas se hayan vuelto más opacas y con falta de transparencia en contrataciones y en el seguimiento de estas.
“Si en la administración pública vemos riesgos altos de corrupción y crecientes en 2021 y 2022, según el Imco, con Pemex y la CFE lo es más, porque no hay seguimiento en contratos y no hay un sistema como el de Compranet, que también tiene deficiencias. Lo que la ciudadanía debería exigir es transparencia y claridad en el ejercicio del gasto”, recalcó Salvatierra.
Hace una semana en comparecencia ante diputados, el director de Pemex, Octavio Romero, dijo que de acuerdo con este informe de austeridad, se ha reducido el gasto en boletos de avión, pero omitió dar datos sobre métodos de contratación.