El contrabando de gasolinas y diesel se encuentra fuera de control en Monterrey.
Aunque 17 autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal tienen pruebas, rutas de acceso y nombres de empresas involucradas, el huachicol fiscal, como lo calificó la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, opera con impunidad en la ciudad regiomontana.
EL UNIVERSAL tuvo acceso a denuncias, documentos y videos del problema que le puede estallar al nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Refiere que “a plena luz del día”, decenas de pipas de empresas como Prysol, San Roberto, Maqlub, Carvel, Inmotion y Fuels, entre otras, cargan combustible diariamente en carrotanques en las espuelas con nombre Azinsa Logistics en la carretera al Mezquital 101, en San Nicolás de los Garza.
También se utilizan otras instalaciones ubicadas en el municipio De García, sobre la calle Heberto Castillo Martínez, en el Parque Industrial Advance.
De acuerdo con videos que tiene esta casa editorial, se observan operaciones, sobre todo en las instalaciones De García, en donde carrotanques de Kansas City Southern de México abastecen pipas que hacen filas para trasvase de combustibles.
Los carrotanques salen de la frontera norte omitiendo el pago del IEPS y falseando los pedimentos de importación, lo que representa afectaciones económicas millonarias para el país.
Dos días después de la más reciente denuncia presentada, sólo el SAT dio respuesta al sostener que “llevará a cabo las acciones correspondientes”.
La documentación que acompaña la denuncia —facturas y videos—, señala que presumiblemente estas instalaciones no cuentan con los permisos por parte de la CRE.
El producto es distribuido localmente en estaciones que forman parte de la red de contrabando, otras son forzadas o amenazadas para comercializarlo.
Rogelio Hernández, vocero de Kansas City Southern de México deslindó a la empresa de participar en el delito de huachicol fiscal.
Confirmó que ambos sitios son sus “patios de maniobra” en donde realizan descarga de producto a carrotanques, pero no se trata de robo de combustible.
“Tenemos 99.98% de seguridad y sólo 0.02% es robo de combustibles”, añadió.
El pasado 27 de octubre de 2020, hace casi un año, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno tenía bajo la mira a delincuentes dedicados al huachicol fiscal y que estaba integrando carpetas de investigación contra 40 comercializadores que venden gasolinas, 19 transportistas o distribuidores que incumplen normatividad y 45 estaciones de servicio, algunas integrantes de las redes de grandes transnacionales como Mobil, Total, BP, Valero o G500, todas ellas ubicadas en el norte del país.
Facturas de la denuncia
