La reforma judicial que se está impulsando para septiembre y su propuesta de desaparición de organismos autónomos tendrían un impacto destructivo descomunal: México dejaría de ser el país democrático que es hasta hoy.

Se están endosando al nuevo gobierno compromisos económicos que detonarán en el futuro, pues hasta hoy los datos han estado maquillados y otros han sido ocultados.

En un mundo donde hay crisis de valores morales y un país que se está volviendo “amoral” y excesivamente pragmático, el daño para México de la iniciativa presidencial en el tema de justicia, puede ser un factor de desestabilización social y decadencia.

Neutralizar la natural fascinación de un amplio sector de la sociedad norteamericana por las armas, reducirá las masacres y los hechos de violencia, así como el tráfico ilegal de armas que van a dar al crimen organizado de México.

El Presidente no pretende desperdiciar el último mes de su poder presidencial. Por ello no escatima recursos para tejer una red que cerque al Poder Judicial.

Es evidente que se debe reformar la actividad del Poder Judicial, pero sin someter a esta institución que resguarda la constitucionalidad y al “estado de derecho”.

El problema de la extorsión seguirá creciendo. Este debiese ser el primer reto que asuma el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, si quiere impulsar el crecimiento de nuestro país.