A nivel mundial, 35 países y territorios la contemplan y, conforme crece el tráfico de estupefacientes, más naciones la adoptan o reimplementan; sin embargo, expertos advierten que los condenados suelen ser “el eslabón más débil”

Activistas denuncian que los agentes al servicio del Estado intervienen comunicaciones, vigilan a sus objetivos a discreción, acechan en redes sociales o hasta construyen relaciones íntimas con sus objetivos