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Entiendo por populismo punitivo la creencia popular en el sentido de que aumentar las penas para determinados delitos provoca la disminución en la comisión de éstos. Se ha llegado al absurdo de que en algunas de nuestras leyes se establecen penas de más de cien años para ciertos delitos, en virtud de esta falsa percepción de la realidad. Peor aún es pensar que la prisión preventiva oficiosa es justa y que reduce la impunidad.
La prisión preventiva es una medida cautelar que sólo debe proceder cuando las circunstancias lo ameriten, y ser decidida sobre la base de cada caso en particular, por ejemplo, para prevenir que la persona imputada pueda substraerse de la acción de la justicia cuando existan circunstancias que así lo demuestren.
Los tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que la prisión preventiva debe ser excepcional. No obstante lo anterior, el pasado 6 de diciembre, el Senado de la República, con la aprobación abrumadoramente mayoritaria de todos los partidos políticos (salvo por Movimiento Ciudadano, cinco senadores del PAN, dos del PRI, dos del PRD, uno de Morena y el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, que votaron en contra), aprobó la ampliación del número de delitos que obligan a los jueces a ordenar la prisión preventiva de manera automática.
La minuta aprobada por el Senado ha sido enviada a la Cámara de Diputados. En caso de que la Cámara de Diputados la apruebe por una mayoría de dos tercios, posteriormente tendría que ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, para después ser promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Expertos de derechos humanos de la ONU, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, así como el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales y especialistas han enviado comunicados en los que exhortan al poder reformador de la Constitución, no solamente a no ampliar la lista de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, sino a eliminar por completo tal figura del orden jurídico mexicano. Dicho sea de paso, lo mismo han hecho diversas instancias internacionales en torno a la figura del arraigo. En abril pasado, la Cámara de Diputados adoptó la positiva medida en tal sentido y la remitió al Senado. Desafortunadamente, el Senado, en lugar de aprobar dicha reforma positiva, decide destinar su tiempo para aprobar una medida regresiva y negativa.
Hacemos votos porque la Cámara de Diputados, honrando su propaganda radiofónica en el sentido de ser una tribuna abierta, abra un amplio debate en torno a la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, escuche las voces de las instancias internacionales y especialistas nacionales y se percate que dicha medida es violatoria de muchos derechos humanos, entre ellos el de la presunción de inocencia, además de que no reduce la impunidad, sino que la incrementa, que no es una pena, sino una pre-pena, que se impone no a través de un juicio, sino de un prejuicio. Así, hacemos votos porque la Cámara de Diputados no sólo no apruebe la minuta enviada por el Senado, sino que la modifique para extirpar la figura de la prisión preventiva oficiosa de nuestro orden jurídico. Del mismo modo esperamos que el Senado apruebe la minuta de la Cámara de Diputados mediante la cual se suprimiría al arraigo del derecho penal mexicano.
Nomás por no dejar, también esperamos que el poder reformador escuche la opinión de instancias internacionales y especialistas nacionales sobre la militarización de la seguridad pública a cargo de una guardia nacional militarizada y bajo el mando de autoridades militares, y no apruebe tal dislate.
