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Con la aprobación de los planes económicos para 2018, el gobierno pudo sostener frente al mercado y las agencias calificadoras el argumento de que la economía está “sólida”. Pero esto es en un sentido estático, pues quienes planean y ejecutan la política macroeconómica ven a la economía en equilibrio permanente. En esta situación, no hay ciclos y por eso es que la “continuidad” de políticas es todo con lo que creen que tienen que cumplir.
Esta es la principal falla de la política macroeconómica, lo que le impide adaptarse oportunamente a diferentes ciclos. Así, la política macroeconómica de freno a la inversión se ha aplicado indiscriminadamente en un momento y en otro. El debilitamiento financiero que esto causó en Pemex y CFE no pudo ser anticipado y por eso el gobierno reaccionó con medidas de emergencia para recurrir a dos masivas transferencias del Banco de México en 2015 y 2016 y poder inyectar recursos a estas empresas productivas del Estado.
La noción de solidez no incluye que en el próximo año habrá una expansión de gasto público, por ser año de elecciones presidenciales. La contención de la inversión seguirá causando estrangulamientos en el sector energético y su capacidad de abasto. Éstos y otros problemas fiscales que tendrían que atenderse reaparecerán en 2019.
Por esa razón, el alivio macroeconómico observado en 2017 sólo es temporal, si de lo que se trata es de que la economía crezca. Primero, porque la corrección de gasto en 2017 se basó en una reducción de la inversión pública, al igual que el aumento de gasto en 2016 se basó en el apoyo de emergencia a Pemex y CFE. En ausencia de esos apoyos, la inversión pública sigue en declive y eso quita un motor al crecimiento.
Segundo, sabiendo que las finanzas no permiten una expansión de la inversión pública, el gobierno proyecta muy bajo nivel de inversión para 2018, lo que sigue apostando al debilitamiento de las empresas productivas del Estado en el sector energético. Esto, a pesar de que son las dos principales fuentes de suministro, aun en su débil estado actual.
Tercero, aparte de la inversión en energía tan baja, el resto de inversión se sigue manteniendo baja como porcentaje del PIB, especialmente en infraestructura.
Cuarto, hay renglones de gasto que literalmente se comen el aumento de ingresos que con dificultad se va logrando. Cuando el producto nominal aumentó 6.6% anualmente entre 2013 y 2016, las pensiones lo hicieron en 11.5%, los subsidios en 8.8% y las participaciones a estados en 9.2%. El gasto se encamina a seguir perdiendo margen de maniobra. De ahí que la deuda haya aumentado de 34% a 50% del PIB entre 2012 y 2016, y el pago de intereses de esa deuda a 14.6%.
Quinto, hay temas que podrían llamarse microeconómicos, de administración deficiente de recursos, que en cada caso generan desperdicio o dispendio y eventualmente llegan a situaciones límite. Uno de ellos son las asignaciones de recursos presupuestales a gobiernos de los estados, en donde ha habido gran dispendio. Otro son los manejos de programas sociales y asignaciones que se prestan al dispendio.
Todo lo anterior sugiere que el panorama de finanzas públicas se verá muy distinto dentro de un año o a fines de 2018, desmintiendo una vez más la noción de solidez, equilibrio y continuidad.
Por encima de todo esto está una contingencia mayor, que sería la aprobación de una reducción de impuestos a empresas en Estados Unidos, lo que dislocaría toda la planeación fiscal actual en México.
Analista económico.
rograo@gmail.com
