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En días pasados, en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, aprobamos un dictamen que pone fin a la Ley de Seguridad Interior. Se trata de dar plena certeza en nuestro orden jurídico. El dictamen que abroga esta Ley, permite eliminar absolutamente de nuestro entramado legal el mayor intento del gobierno anterior de favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas.
Como quedó demostrado, la Ley de Seguridad Interior del 21 de diciembre de 2017, representaba un esquema que ponía en riesgo evidente la vigencia de un Estado que respeta los derechos humanos y que a su vez, dejaba en la inseguridad jurídica a los gobernados.
Esta Ley no era armónica con nuestro sistema normativo, carecía de claridad y precisión, se hizo al vapor y no respetó siquiera el tiempo para la deliberación democrática al interior del Congreso; ya no se diga darse tiempo para escuchar la voz de los ciudadanos. En resumen, se hizo al más puro estilo del viejo régimen.
Fueron muchas las organizaciones que desde el principio se pronunciaron en contra y dejaron patente su rechazo absoluto a una ley contraria a los estándares internacionales en materia de seguridad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se manifestaron profundamente preocupados.
No fueron menos las instituciones en nuestro país que hicieron uso de sus facultades constitucionales para combatir esta mala Ley. Diversos diputados y senadores, comisiones de derechos humanos nacional y estatales, algunos municipios y Morena, por supuesto. Desde el inicio, en Morena nos preocupaba de que esta Ley fuera utilizada en contra de la oposición y la disidencia política, y que las movilizaciones de protesta social pudieran considerarse una amenaza a la seguridad interior. Esta Ley implicaba una amenaza real y seria a la libertad de reunión.
Así, el pasado 15 de noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto unánime de los ministros presentes en la sesión de ese día, declaró oficialmente la inconstitucionalidad e invalidez de la Ley de Seguridad Interior. Con esto, la Suprema Corte no sólo nos daba la razón en los argumentos presentados en la impugnación que promovimos, sino que también estableció precedentes en la manera en que el Congreso debía legislar en esta materia. Y eso fue lo que hicimos en Morena cuando aprobamos la Guardia Nacional; además de que convocamos a un amplio proceso de deliberación parlamentaria y escucha ciudadana a través de audiencias públicas.
Faltará formalizar la aprobación de este dictamen en el Pleno de las Cámaras del Congreso de la Unión; sin embargo, aun cuando la simple declaración de inconstitucionalidad es suficiente para evitar su vigencia normativa; la Cámara de Diputados, particularmente el Grupo Parlamentario de Morena, tiene la permanente tarea de hacer las cosas bien y en favor del pueblo de México, y es por eso que abrogaremos esta Ley, para el bien de todos.
Diputada federal. Presidenta de la Comisión
de Gobernación y Población. @Rocio_BarreraB
