Más Información
periodismo.investigación@eluniversal.com.mx
Es la batalla por la entidad con la segunda aportación (9.47%) al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Por una bolsa de 11.4 millones de votos según el Instituto Nacional Electoral (INE). Por el baluarte simbólico del grupo político encumbrado en el gobierno federal, “patria chica” del presidente Enrique Peña Nieto, tierra prometida de continuidad priísta, trinchera sicológica de resistencia a la alternancia de partidos. Es la disputa por gobernar el Estado de México, un paraíso presupuestal de 12 mil 530 millones de dólares anuales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por la legislatura local para 2017.
Pero también un infierno criminal que cada año registra, oficialmente, más de 3 mil 300 delitos de alto impacto —como extorsión, secuestro, homicidios—, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación federal (Segob). Aunque ese es sólo el segmento visible bajo el microscopio, pues 92.1% de los crímenes quedan fuera del registro oficial en la entidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) de 2016.
En contextos graves de inseguridad, el elector prefiere “candidatos que se muestren fuertes, reacios, con ‘mano dura’ frente a la criminalidad. La campaña de Arturo Montiel [1999] para quitar los derechos a ‘las ratas’ era tan escandalosa como la de Donald Trump, pero fue aprobada por los mexiquenses”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL el politólogo Nicolás Loza Otero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Graciela Aurora Mota, investigadora de la UNAM y especialista en modelos de cambio social, dice al respecto que “los cachorros de Atlacomulco olvidaron que política significa efectividad (…), un PRI que manda a Relaciones Exteriores al improvisado que trajo al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un pobre PRI”.
Por su parte, el ex consejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y ex asesor en la consejería de la Presidencia de la República, Carlos Alberto Rivera-García, explica para los lectores de este diario que el factor determinante en la elección mexiquense es una posición de exigencia de una sociedad más madura hacia sus representantes
“Nos gusta pensar que la impopularidad de Peña Nieto se debe a que es priísta, del grupo Atlacomulco, pero habla más de una sociedad que está madurando”, enfatiza Rivera-García. Esa presión crítica, dice, “será cada vez más creciente, gane quien gane en el Edomex”.
El monstruo demográfico
Arena donde los partidos políticos medirán fuerzas antes de la pelea estelar de 2018, el Edomex es un monstruo demográfico que al cierre de 2016 habría alcanzado los 17 millones de habitantes, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), de modo que hay más mexiquenses que austriacos, belgas o ecuatorianos, y tantos como chilenos, según cifras del Banco Mundial.
En sus 125 municipios se disputarán los votos que darán sucesor a Eruviel Ávila. Nicolás Loza, responsable de la cátedra Flacso/UNESCO de gobernabilidad y desarrollo democrático sub nacional, explica: “Ya no votan los muertos, ni se rellenan o vacían urnas, pero hay prácticas más extendidas que desequilibran la cancha, como el clientelismo, el uso de posiciones y programas de gobierno para la compra y la coacción de votos, algo que usan todos los partidos en la medida de sus fuerzas, es decir, si el PRD tiene 20% de municipios, bueno, vamos a ver esas prácticas a su favor en 20% del estado; si el PRI tiene 30%, igual, si el PAN 15%, lo mismo”.
La distribución concreta en Edomex es: Partido Revolucionario Institucional (PRI), 84 municipios con 11.38 millones de habitantes (70.34%); PAN, 18 municipios, 2.28 millones de personas (14.09%); PRD 16 municipios, 1.97 millones de habitantes (12.20%). El resto de partidos gobiernan entre 0.38 y 1.43% de la población.
Casi todos padecen el flagelo del crimen. Los 10 con más delitos de alto impacto —extorsión, secuestro, homicidio— según el informe 2016 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son: Ecatepec (PRI) con 479; Nezahualcóyotl (PRD) 237, Toluca (PRI) 201, Tlalnepantla de Baz (PRI) 198, Naucalpan (PAN) 172, Chimalhuacán (PRD) 198, Tultitlán (PRI) 123, Tecámac (PRI) 114, Ixtapaluca (PRI) 95, y Cuautitlán Izcalli (PRI) 93. Tan sólo en materia de extorsión, el SESNSP registra 993 casos, mientras la Envipe 2016 recoge el testimonio de 10 mil 710 crímenes de ese tipo.
Un cruce de datos efectuado por EL UNIVERSAL —población por municipio (INEGI, 2015), número de alcaldías por partido en el periodo 2015-18 (Instituto Electoral del Edomex, IEEM), e incidencia delictiva del fuero común (SESNSP, 2016)—, identifica la tasa de los tres principales delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes dentro de la población gobernada por cada partido a nivel municipal.
En orden descendente: PT, 45.93; PES, 25.53; MC, 22.19; PRD, 21.35: PRI, 20.77; PAN, 17.66; MORENA, 17.44, y PANAL, 14.78.
Consultado al respecto, Carlos Resa Nestares, asesor de la Organización de Naciones Unidas en materia de Drogas y Delincuencia y estudioso de la violencia mexicana desde los 90, sostiene que en realidad “no hay relación causal entre el color partidista y la tasa de homicidios”, entre otras razones, por la inestabilidad del puesto de presidente municipal, la excesiva circulación de partidos en el cargo, y la nula política anticrimen de los alcaldes.
Pero el tema será factor decisivo el 4 de junio, explica el doctor Loza Otero: “Cuando la seguridad es problema de primer orden, la gente tiende a preferir candidatos que se muestran fuertes, con mano dura frente a la criminalidad, no candidatos que enfatizan los problemas sociales o el largo plazo que implica una política de seguridad. La campaña de Arturo Montiel, de las ‘ratas’ [los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas], era tan escandalosa como la de Trump, pero fue aprobada por el electorado mexiquense”.
Trump, el Brexit o la baja popularidad del presidente mexicano, “demuestran que las preferencias político electorales y las evaluaciones al desempeño gubernamental” están conectadas con “una sólida apelación emocional” a la sociedad “más que con los hechos y argumentos”, sostiene el politólogo Carlos A. Rivera-García, quien también ha sido investigador en Psicología Política en la Universidad de Exess, en Reino Unido. El también consultor privado en esa área especifica: “Trump no ganó por los datos sobre el desempeño del PIB, de la economía, sino por la emoción que producen y la parte psicológica a que apelan esos datos, la que participa, protesta, grita”.
¿Qué mueve al elector mexiquense?
Los principales problemas reportados por los mexiquenses a la Envipe 2016 son: inseguridad, señalada por 70.6% de los encuestados; desempleo (39.9%); corrupción (30.3%); aumento de precios (28.9%); pobreza (27.7); falta de castigo a los delincuentes (25.6%); salud (22.4%); educación (20.8%); escasez de agua (15.1%), y narcotráfico (14.09%).
Nicolás Loza, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, explica sobre “los impulsos” del elector mexiquense:
“Por ejemplo, los gasolinazos son una decisión federal en la que un gobernador no tiene influencia, pero afectan la imagen del partido del presidente y al candidato de ese partido, aunque ni Eruviel ni Del Mazo ni los candidatos del PAN o Morena en la entidad tengan el poder de revertirlas. Otros electores saben que un gobernador puede mover ciertas palancas para resolver la inseguridad y votan con esa expectativa. Pero en general, el elector usa el voto para expresar su enojo o desacuerdo”.
Graciela Aurora Mota, investigadora de la UNAM en Psicología Política, considera que el desempeño y popularidad presidencial dificultan que el PRI retenga la gubernatura: “Los cachorros de Atlacomulco olvidaron que política es eficacia, carecen de la visión de estado nacional revolucionario que sí tenían tantos políticos eficaces como Carlos Hank González; (…) Pero un PRI que manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores al improvisado que trajo a Trump, es un pobre PRI”.
Carlos A. Rivera-García, ex asesor de la consejería de la Presidencia de la República, señala como factor central en la sucesión mexiquense, “una sociedad cada vez más madura y consciente de su responsabilidad, lo que le da una posición de exigencia hacia sus representantes”.
Detalla: “Nos gusta pensar, porque se alinea con nuestra ideología, que la crítica al presidente mexicano y su baja popularidad ocurren porque es priísta, porque es el presidente Peña, porque es del grupo Atlacomulco.
“Pero esa exigencia habla de madurez política y social más que de la identidad partidaria de los gobernantes; estuvo presente en los comicios del año pasado, está en el Estado de México, estará en 2018, gane quien gane, y será cada vez más creciente”, señala.
Separadas apenas por un año, la sucesión mexiquense de 2017 y la presidencial de 2018 ya han convergido en decisiones, reacomodos, y posiblemente acuerdos entre los partidos políticos.
