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Con el inicio de las campañas de los precandidatos a la presidencia por el Partido Republicano, y en especial con las declaraciones antiinmigrantes de Donald Trump, el viejo debate sobre el derecho a la ciudadanía que la Constitución estadounidense garantiza a quienes han nacido en su territorio, ha vuelto a surgir con fuerza en los medios de comunicación y en la arena política.
En el pasado, la Proposición 187, en California, y diversas iniciativas en Arizona, por mencionar sólo algunos casos, han buscado la implementación de medidas locales para anular este derecho constitucional. En todos los casos han fracasado. A nivel federal, para modificar la Constitución se requiere del voto de dos terceras partes de las dos cámaras del Congreso, y la ratificación posterior de tres cuartos de las legislaturas estatales.
De acuerdo con la Enmienda 14, ratificada en 1868, “todas las personas nacidas o naturalizadas en EU y que sean sujeto de su jurisdicción, son ciudadanos de EU y del estado en el cual residen”. Sin embargo, este fraseo es insuficiente para los grupos que exigen que se niegue la ciudadanía a hijos de indocumentados.
Uno de los argumentos usados por agrupaciones como el Center for Imigration Studies, que se opone a la inmigración indocumentada, es que la Enmienda 14 fue creada para asegurar el respeto a los derechos de la comunidad afroamericana tras la abolición de la esclavitud, y la inclusión de los indios nativos americanos; pero que esos beneficios no se expanden a la inmigración ilegal.
Un estudio de dicha organización señala que de 194 países, sólo 30 garantizan el derecho de ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados. Ninguna de las naciones de economías avanzadas, salvo EU y Canadá, la otorgan automáticamente.
Se estima que en EU hay entre 5.5 y 6 millones de niños estadounidenses que son hijos de inmigrantes indocumentados.
