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A más de 40 años de búsqueda, familiares de víctimas de desaparición forzada siguen a la espera de un resarcimiento del daño. Pero la mayoría no quiere dinero. Quieren que el Estado reconozca su crimen, encontrar a sus seres queridos y que no se vuelva a repetir.
Aunque el gobierno nunca lo reconoció, Matilde González está segura de que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) —cuya función era recabar información de actos terroristas y opositores políticos— se llevó a su hijo Jesús Ávila el 8 de abril de 1974. Ella encontró hace un par de años la ficha de su detención; lo capturaron por “actos subversivos”. A quién se lo entregaron, en dónde lo tuvieron preso y qué hizo el Estado mexicano con él son respuestas que Matilde ha exigido por más de 42 años y que nadie le ha querido contestar.
Matilde es probablemente la mujer que más años lleva buscando a su hijo en este país. Fue de las primeras en acompañar a Rosario Ibarra de Piedra en la búsqueda de los desaparecidos políticos en México, en 1979. En sus tres décadas de lucha lograron integrar una lista de más 700 desapariciones forzadas. Liberaron a 148 jóvenes y a otros tantos que prefirieron no ser registrados. Luego conformaron el Comité Eureka, la organización con más años buscando a los desaparecidos en México. Quedaron 557 casos pendientes en sus registros, entre ellos el hijo de Matilde y el de Rosario Ibarra.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es el órgano de gobierno designado a la revisión de casos como el de Matilde, y las otras violaciones a los derechos humanos, tiene un registro de apenas 200 desapariciones forzadas. Aunque Claudia Piedra, hija de Rosario Ibarra, recuerda que desde hace décadas los integrantes de Eureka documentaron caso por caso ante la Segob, desconocen el total de los que fueron incluidos en la nueva lista de la CEAV. Jaime Rochín explicó que en el Registro Nacional de Víctimas hay 4 mil casos: “La mayoría son de desapariciones”. Agregó: “En nuestra experiencia este delito está creciendo y es uno de los principales problemas”.
Jaime Rochín admitió que de los más de 25 mil casos de desaparecidos, que la Secretaría de Gobernación informó había hasta diciembre de 2014, se desconoce en realidad cuántos son forzados. Sólo se sabe que 418 competen al fuero federal. Las otras más de 24 mil 500 averiguaciones por desaparición de las que se tiene registro todavía están en manos de las administraciones estatales. No han sido revisadas por la CEAV.
Organizaciones como el Comité Cerezo y Hasta Encontrarlos, que hace cinco años impulsaron la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, entregaron a la ONU un informe en el que documentaron que de 2005 a 2011 se registraron 33 “desapariciones por motivos políticos”. En su cuarto informe, presentado en marzo de 2015, estas organizaciones afirmaron que 52 activistas fueron víctimas de desaparición el último año. Además, registraron que en los primeros dos años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo otros 29 casos. Según sus cifras, un total de 81 personas han sido víctimas de desaparición forzada en el sexenio actual. Antonio Cerezo dijo que no les aclararon si estos casos fueron integrados en los registros oficiales de la Segob.
¿Se puede reparar una desaparición?
Matilde acudió al Archivo General de la Nación, en Lecumberri, después de que en 2001 el ex presidente Vicente Fox acatara parte de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a la desaparición forzada y creara el Comité Interdisciplinario para la Reparación Administrativa de las Víctimas y Ofendidos de los Hechos Relacionados con Delitos Cometidos contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que operó durante todo su sexenio y parte del siguiente.
Algunas familias que integran la lista de Eureka revisaron por primera vez parte del expediente de sus desaparecidos. “Algunos encontraron las fichas, todos los expedientes estaban manipulados”, aseguró Claudia Piedra, hija de Rosario Ibarra.
Cuando por fin pudo hurgar en el expediente de su hijo Jesús, que hasta entonces sólo era conocido por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Matilde encontró la ficha de su detención con la fecha de 8 de abril de 1974.
Representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron a visitarla en su casa en 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón. Dijo que le ofrecieron una indemnización de 1 millón de pesos, para “reparar el daño” del crimen cometido.
“Yo lo quiero a él, no el dinero, eso se lo dije al señor. Porque la vida de mi hijo no vale ningún dinero”, recordó Matilde todavía indignada, por el ofrecimiento. Para Santiago Corcuera, integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, los gobiernos en México “no han mostrado intenciones firmes para hallar a las víctimas de la guerra sucia”, dijo, (como se le conoce al periodo entre 1969 y 1979 en que el gobierno mexicano desapareció a opositores políticos).
Corcuera trabaja junto con el Poder Legislativo en la integración de la Ley en Materia de Desaparición Forzada. Luego de la modificación al artículo 73 de la Constitución, en julio de 2015, el Congreso de la Unión tenía 180 días para dictaminar esta normativa, que debió entrar en vigor a principios de enero de 2016, pero todavía sigue sin legislarse.
Algunas organizaciones, como Hasta Encontrarlos y Comité Cerezo, explicaron que no fueron consideradas para conformar la ley. Corcuera señaló que todas deberían ser incluidas, porque de lo contrario “no se logrará el respaldo de las víctimas”, lo cual advirtió “indispensable” para que las reformas funcionen.
El representante de la ONU dijo que la ley debe abarcar distintas estrategias de investigación. La que compete a la guerra sucia, otra para la época de los 90 y una más para la situación actual. Explicó que deben sancionar a todos aquellos funcionarios que oculten información, porque “estas conductas impiden el esclarecimiento de los casos”. Citó como ejemplo el rechazo del Ejército a que algunos militares sean interrogados, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, en Iguala, Guerrero.
“Tiene que haber juicios, reconocimientos de responsabilidad, reparaciones integrales del daño. Tiene que haber memoriales”, enlistó el abogado Corcuera.
Sólo seis sentencias condenatorias
El Estado mexicano reportó en 2014, ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, que se iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada en todo el país, y que sólo seis concluyeron en sentencia condenatoria. Señalaron como responsables a los elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), pero quienes cometieron los delitos en la guerra sucia no fueron señalados.
Desde 2014, México pagó alrededor de 311 millones de pesos, como reparación del daño causado por múltiples violaciones a los derechos humanos, en ocho distintos casos, que abarcaron 191 víctimas, a través del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, que entró en labores el 29 de mayo de 2014 y que depende de la Secretaría de Gobernación.
Según explica la Segob, a través de una solicitud de información, el objeto del fideicomiso es cubrir las reparaciones derivadas de sentencias, medidas provisionales, soluciones amistosas y otras resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU, Medidas Cautelares dictadas por la CIDH, recomendaciones de la CNDH, y demás obligaciones, que señalen responsabilidad del Estado mexicano o sus agentes por violaciones a los derechos humanos.
“No se puede determinar quiénes fueron las autoridades involucradas en estos hechos, ni qué tipo de delitos cometieron”, explicó la Segob, porque “en algunos casos están involucrados grupos vulnerables como niños, indígenas, o personas a quienes se puede poner en riesgo sus intereses”.
Como el caso de Rosendo Radilla, que de acuerdo con el reporte trimestral de 2013, elaborado por la Secretaría de Hacienda, se indicó que se destinaron 2 millones 794 mil pesos al gobierno de Chihuahua sin detallar si fueron entregados a los familiares.
Según informó la CEAV, que existe desde hace tres años, han entregado poco más de 47 millones de pesos de indemnizaciones en 2015, y más de 78 millones hasta junio de 2016. Se desconoce cuántos de estos casos refieren a desapariciones forzadas.
En su visita a México en 2015, la CIDH “constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”. En sus conclusiones, agregó que estos problemas “son resultado de una situación estructural, desde hace décadas”.
Según la CIDH, para impedir que el problema siga creciendo se debe continuar con las investigaciones de cada caso, garantizar el acceso a la justicia, castigar a los responsables y dar una reparación económica, como es obligación del Estado mexicano. Para ello se requiere la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, un compromiso que adquirieron las autoridades desde julio pasado, con la reforma al artículo 73 de la Constitución, y que debió ser aprobado a inicios de este 2016.
Los tiempos de la nueva ley tal vez no alcancen para que Matilde vea la justicia. A sus más de 90 años, ella ya no puede bajar ni subir las escaleras del cuarto piso del edificio donde vive. Podría mudarse a otro lugar más cómodo, pero “no se quiere ir porque dice que sí Jesús vuelve, volverá aquí”, explicó su hija María Concepción.
“No dejen de luchar”, aconsejó Matilde a las familias que han sido víctimas de este delito en los últimos años, “es el único camino que pueden hacer, aunque a nosotros nunca nos devolvieron nada”, dijo con su voz, ya casi apagada.
