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En los últimos tres años (2013-2016) las autoridades ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de México clausuraron 72 verificentros de un total de 198. Entre las anomalías que detectaron la mayoría fueron resultado de actos de corrupción o por alterar el equipo de medición, entre otras.
En la Ciudad de México, de los 81 centros, 23 fueron clausurados temporalmente y 14 permanecen cerrados. En el Estado de México, de los 117 establecimientos que hay en 35 municipios, 31 tuvieron que cerrar alguna vez y cuatro permanecen con sellos de suspensión. Las bases de datos utilizadas por la Unidad de Periodismo de Datos de EL UNIVERSAL corresponden a los verificentros existentes en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y a los 35 de 59 municipios del Estado de México que pertenecen a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Alterar el equipo de medición, pasar vehículos que no corresponden con los que se están verificando o usar cualquier dispositivo o sistema no autorizado, son razones suficientes en ambos estados, para que los verificentros sean suspendidos, al menos, por unos días.
“La clausura total —de un centro— es cuando se determina que se cometieron prácticas de corrupción”, dijo Adrián Fernández, miembro del Comité Científico Asesor de la Megalópolis.
Gilberto “N” es cliente frecuente del verificentro AT905, ubicado en el Estado de México. Desde hace cinco años llega cada semestre con su auto modelo 2004. Ahí, frente al Palacio Municipal, paga 100 pesos extra a uno de los empleados para que su coche pase todas las pruebas de contaminantes y circule todos los días.
Operadora Atmosférica de Atizapán S.A. de C.V. es dueña de este centro. En mayo de 2014 la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) le colocó sellos de suspensión por cinco días. Los motivos fueron irregularidades en la sistematización y que los documentos que expedía sobre las pruebas de contaminantes eran ilegibles.
Después de pagar una multa de 138 mil pesos, el lugar volvió a recibir a decenas de coches que transitan diariamente por el Valle de México.
Malos actos
En la Ciudad de México, de los 37 centros de verificación que fueron cerrados, 14 permanecen clausurados desde el año pasado y dos más se sumaron a la lista en los últimos meses.
Nunca antes se había negado la renovación de bases para operar, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).
El incumplimiento a la Ley los llevó a obtener la sanción más severa dentro de las normas de la Sedema, dependencia que se encarga de vigilar el funcionamiento adecuado de los verificentros en la Ciudad de México.
Alterar el equipo de revisión, utilizar los registros de un vehículo diferente al que se está verificando o usar cualquier dispositivo o sistema no autorizado, son razones que bajo la Ley Ambiental ameritan la baja para operar como centro de verificación.
Otra de las causas por las que se retira el permiso a estos centros, es por permitir que personas ajenas al establecimiento entren a zonas restringidas. Los mejor conocidos como coyotes buscan automovilistas afuera de los verificentros y les ofrecen que sus coches pasen las pruebas de contaminantes sin problema.
El 27 de agosto de 2014 el centro VC9061, ubicado en calzada de la Viga, fue clausurado por dejar que esta práctica se realizara en sus instalaciones, de acuerdo a notas periodísticas.
La capital del país cuenta con 67 verificentros en operación. En lo que va de este año los centros XO9063 en Xochimilco y IT9027 ubicado en Iztacalco se sumaron a la lista de cierres.
Lucha contra la corrupción
A mediados de junio de 2016, Antonio Mediavilla, director general de Gestión de la Calidad del Aire de la Sedema, presentó el nuevo sistema de verificación OBDII. El objetivo: eliminar acciones que van en contra de las normas ambientales en la Ciudad de México.
“Es una prioridad tratar de reducir el tema de la corrupción y para eso llevamos a cabo muchas medidas: implementación de candados y monitoreo de todas las verificaciones en tiempo real. En caso de alguna anomalía detectada, una alerta nos reporta que algo puede estar ocurriendo de manera anómala y damos aviso a dirección general”, dice Mediavilla.
Las sanciones pueden variar dependiendo la gravedad de los hechos. Desde el retiro de la credencial del técnico que opera la línea o del gerente del verificentro hasta el cierre total, explica el funcionario en la presentación.
Estas acciones no han tenido el impacto esperado por las instituciones. El día que Gilberto “N” llegó al verificentro AT905 no fue por casualidad. “Un amigo me dijo que ahí podían pasar mi coche sin problema”. Y aunque el centro ya fue sancionado una vez, esto no ha hecho que estas prácticas desaparezcan.
Mariana Gómez del Campo, senadora e integrante de la Comisión de la Ciudad de México, asegura que el problema principal es que no se combate la corrupción. “Existe una gran mafia operando y cuando se clausura y se reanuda un verificentro no se despide al personal que ahí labora”, dice la senadora.
Hay un desconocimiento incluso de cuántos trabajadores han sido removidos por incurrir en actos de corrupción, a pesar de que la Ley de Medio Ambiente lo dice, afirma del Campo.
Vigilancia insuficiente
La Sedema realiza operativos e inspecciones a los 65 verificentros vigentes a través del Centro de Inspecciones y Vigilancia Ambiental Remota (CIVAR), que es un sistema de monitoreo de alta seguridad, de la misma Secretaría, que vigila el funcionamiento de los centros en tiempo real. Cada uno cuenta con un promedio de 20 cámaras distribuidas en el interior y en los accesos a sus instalaciones. Este sistema inicio en 2013 con una inversión de 4 millones de pesos bajo el argumento, de que “una de las demandas de la población es controlar la corrupción que se presenta en algunos de los verificentros” señalado en un comunicado de prensa la titular de la Sedema, Tanya Müller, el 14 de noviembre de 2013.
La Sedema trabaja también con el C4 (Centro de Mando de la Ciudad de México) que cuenta con cámaras instaladas en toda la Ciudad. Con la ayuda de este sistema se logra ampliar el monitoreo a las zonas cercanas a cada uno de los centros de verificación. Durante el 2014 fueron sancionados 29 verificentros de la Ciudad de México debido a que presentaban irregularidades en la transmisión de las cámaras de video del CIVAR. “El control que tenemos en los verificentros no es total, no hay tecnología perfecta. Aunque implementamos muchas medidas, quien quiera saltarse las reglas encontrará la manera”, mencionó Mediavilla, en la presentación del sistema OBDII.
Además del CIVAR, a partir del 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ahora también la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) va a contribuir en la inspección de los verificentros. Esto con el objetivo de regular y supervisar que dichas instancias cuenten con equipos y las especificaciones establecidas.
En Edomex también cierran
En el Estado de México se tiene un registro de 117 verificentros en 35 municipios, de los cuales 31 han sido clausurados alguna vez y 4 permaneces con los sellos de “Sancionado”.
De los verificentros que fueron cerrados en algún momento. En 30 de los casos fue por medio de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y cinco por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). Los cuatro centros que siguen sin dar servicio están en Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla.
La Propaem se encarga de vigilar que los centros cumplan con la normatividad ambiental vigente para la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Irregularidades en la revisión de emisiones contaminantes y en la entrega de hologramas ecológicos son los motivos que ha encontrado esta procuraduría.
En los casos que ha intervenido la PGJEM es porque encontraron pruebas de actos de corrupción como el cobro extra a los usuarios a cambio de que sus autos pasen las pruebas.
Susana Libién Díaz González, miembro de la Dirección y Prevención de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado de México, afirmó, en entrevista con este diario, que con las operaciones que se han realizado, “se han cerrado más de 900 líneas por irregularidades detectadas como no tener un vehículo que corresponda a las características de las que se está haciendo la verificación vehicular. Nuestro sistema lo detecta y se dispara la alarma”.
El Estado de México mantiene el control de las malas prácticas en los verificentros a través del Centro de Monitoreo de Verificación Vehicular. “Se realiza un monitoreo en tiempo real de las operaciones de los centros”, señala Susana Díaz. Explica que las sanciones varían, pueden llegar a ser económicas (aplicadas por la Propaem), o bien, la clausura de líneas; es decir el cierre parcial del centro.
El negocio de verificar
Los requisitos para entrar en el negocio de los centros de verificación se publican en la Gaceta Oficial de cada entidad.
En el Estado de México, los verificentros se consideran empresas privadas y cada una determina qué hacer con sus recursos, explica Libién Díaz. En promedio, se realizan dos millones 800 mil verificaciones semestrales.
“La Secretaría lo único que hace es que vende a los verificentros los hologramas”. Anualmente recaudan más de 300 millones de pesos por la venta de hologramas, dice Díaz.
En la capital, la Sedema explicó que los centros “operan con recursos propios”. Y de cada operación —que tiene un costo de 472 pesos— los centros aportan 20 pesos que se destinan a un Fondo Ambiental Público.
Nuevas normas serán las que ahora intentarán controlar a estos centros. Mientras tanto, coches como el de Gilberto, con más de 10 años de antigüedad, seguirán circulando todos los días gracias a los 100 pesos extra de los que nadie tiene registro.
